Las leyes de la región alcanzan 72 puntos sobre 100 en un índice del Banco Mundial, pero los mecanismos para hacerlas efectivas apenas llegan a 46. El acceso al crédito, las compras públicas y el cuidado infantil muestran dónde se juega esa diferencia.
América Latina y el Caribe reconoce más derechos económicos a las mujeres de los que logra respaldar en la práctica. La región obtiene 72,15 puntos sobre 100 en el índice de marcos legales del Banco Mundial, pero desciende a 46,10 cuando se evalúan las políticas, instituciones y servicios necesarios para ejercer esos derechos. La percepción de especialistas sobre la aplicación de las normas alcanza 55,28 puntos.
Los datos pertenecen al informe Women, Business and the Law 2026, que examina las oportunidades económicas de las mujeres en 190 economías. El estudio contempla diez áreas, entre ellas empleo, remuneración, seguridad, cuidado infantil y emprendimiento. Reúne en un mismo análisis las leyes, los mecanismos para aplicarlas y la percepción de especialistas sobre su cumplimiento. Esta última medición cuenta con datos para 178 economías y no equivale a una auditoría de cada caso de aplicación.
La brecha también aparece en el promedio mundial: 67 puntos para los marcos legales, 47 para los mecanismos de apoyo y 53 para la percepción de aplicación. Según el Banco Mundial, ninguna de las economías evaluadas ha alcanzado la plena igualdad legal en las oportunidades económicas de las mujeres.
Del crédito a las compras públicas
El acceso al financiamiento muestra cómo una norma puede incidir en decisiones empresariales concretas. En Ecuador, una ley prohíbe la discriminación de género en la evaluación de solicitudes de crédito y establece mecanismos de supervisión y sanciones. El informe señala que, a escala global, las mujeres pueden iniciar empresas en las mismas condiciones legales que los hombres en casi todas las economías, pero solo alrededor de la mitad promueve la igualdad en el acceso al crédito.
Las compras públicas ofrecen otra vía. Brasil, Chile y Ecuador incorporaron disposiciones de género en sus procesos de contratación. En Brasil, la legislación contempla dar prioridad a oferentes que desarrollen iniciativas de igualdad y empleen a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. El criterio traslada la discusión desde el reconocimiento de un derecho hacia las condiciones bajo las cuales una empresa compite por contratos públicos.
El cuidado infantil completa el panorama. Aunque 146 de las 190 economías regulan los servicios para menores de tres años, solo 78 ofrecen apoyo financiero o tributario a las familias y 66 establecen estándares integrales de calidad. La disponibilidad y el costo de estos servicios pueden determinar si una mujer logra aceptar un empleo, sostenerlo o avanzar en su carrera.
El informe registra avances legislativos: entre 2023 y 2025, 68 economías aprobaron 113 reformas para ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. Su principal advertencia es que aprobar leyes constituye solo una parte del trabajo. La igualdad también depende de instituciones, servicios y decisiones empresariales capaces de convertir esos derechos en oportunidades reales.