Un informe de Oxford Net Zero identifica debilidades en la gobernanza de organismos como GHG Protocol, GRI, ISO y SBTi, mientras 44 organizaciones, entre ellas Oxfam, Transparency International y Rainforest Action Network, reclaman controles sobre el financiamiento, los conflictos de interés y la influencia empresarial. Quién controla a quienes fijan las reglas de la sostenibilidad.
Los organismos que elaboran estándares de sostenibilidad enfrentan una demanda que conocen bien: rendir cuentas. La transparencia del financiamiento, la representación de intereses y la independencia de las decisiones ocupan el centro de dos documentos recientes: una investigación de Oxford Net Zero sobre cinco instituciones de referencia y una declaración de la sociedad civil que exige condiciones mínimas para gobernar los estándares empresariales.
El informe Governing Climate Credibility: Reviewing the Governance of Climate and Sustainability Standards examina a GHG Protocol, GRI, ISO, ISSB y SBTi. En el caso de GHG Protocol, identifica una zona especialmente sensible: su política de conflictos de interés no cubre los vinculados al financiamiento institucional. Estos quedan bajo las políticas de debida diligencia de sus entidades anfitrionas, World Resources Institute (WRI) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), que no fueron facilitadas a los investigadores.
El problema también alcanza a la distribución de responsabilidades. Según Oxford, la supervisión de esa política recae en las entidades anfitrionas y no en el comité directivo de GHG Protocol. La documentación tampoco permite determinar con claridad cuál de las políticas de ambas organizaciones se aplica ni explicita suficientemente su responsabilidad de mantenerla actualizada. Además, el estudio señala que GHG Protocol no establece una periodicidad para revisar su política y que esta tiene menor desarrollo de procedimientos que las de ISO o la Fundación IFRS. Son observaciones sobre sus controles institucionales: la investigación no evalúa la calidad técnica de las metodologías ni establece un ranking entre organismos.
La relevancia del caso radica en el lugar que ocupa GHG Protocol en la contabilidad de emisiones empresariales. El propio organismo se presenta como el marco más utilizado a escala mundial y como base de otras iniciativas de descarbonización. En su documentación pública de gobernanza, destaca su enfoque multiactor y establece que los integrantes de su Consejo Independiente de Estándares actúan a título personal, sin representar a sus empleadores. También publica la composición de su Consejo de Donantes, donde figuran empresas como Apple, Cargill, Google y Meta, junto con consultoras y otras entidades.
Esa participación empresarial no demuestra por sí misma una interferencia en las decisiones. Sí vuelve relevante la pregunta que plantea el informe: cómo puede un tercero comprobar que existen barreras suficientes entre el financiamiento y la elaboración de las reglas. Como parte de su proceso de renovación, GHG Protocol abrió en julio una convocatoria para ampliar la representación sectorial y geográfica de su Consejo Independiente, con especial interés en perfiles de la sociedad civil, la academia y centros de investigación.
El caso de GRI con las Big Four
La relación entre quienes elaboran los estándares y quienes ofrecen servicios para aplicarlos también atraviesa a GRI. En su página de financiamiento, la organización reconoce contribuciones de Deloitte, PwC y KPMG, tres de las Big Four. No detalla allí los montos individuales, por lo que esa información no permite calcular su peso en los ingresos totales. GRI sostiene que el apoyo de sus financiadores contribuye a mantener sus estándares gratuitos y su independencia.
El vínculo plantea una pregunta de gobernanza: qué resguardos separan el financiamiento del organismo de los intereses comerciales de firmas que participan en el mercado de la consultoría y la verificación de información de sostenibilidad. Las críticas a ese mercado tienen antecedentes recientes. El artículo académico What you see is what you get? Building confidence in ESG disclosures for sustainable finance through external assurance, publicado en 2024 por Olivier Boiral y coautores, recoge investigaciones sobre conflictos de interés y la influencia de las empresas contratantes en las verificaciones. También revisa evidencia de que el aseguramiento externo no necesariamente mejora la calidad de las divulgaciones, incluidas las basadas en GRI.
El trabajo cuestiona los incentivos y la eficacia de la verificación, pero no demuestra que las donaciones de esas firmas hayan condicionado decisiones de GRI. La conexión entre financiamiento, elaboración de estándares y servicios profesionales constituye, por tanto, una cuestión que requiere transparencia y controles verificables, sin que la existencia de aportes pruebe por sí sola una interferencia.
En este contexto, los Principios para la Buena Gobernanza de los Estándares Empresariales, respaldados por 44 organizaciones —entre ellas Oxfam, Transparency International, Carbon Market Watch y ShareAction—, convierten la preocupación en exigencias concretas. Reclaman publicar quién financia a los organismos, cuánto aporta y bajo qué condiciones, además de informar cómo se aplican los principios.
Uno de los planteos más incisivos apunta a la representación: ningún grupo debería dominar las decisiones y la industria no debería intervenir en la selección de representantes de otros sectores. También exigen consultas accesibles, explicaciones sobre los aportes incorporados o descartados y controles públicos de conflictos de interés. En materia climática y de derechos humanos, sostienen que las preferencias de una mayoría no pueden desplazar la evidencia científica ni el derecho internacional.
La red Lead the Charge, una de las firmantes, vincula el llamado con sus cuestionamientos a estándares impulsados por la industria en minería, emisiones de carbono y descarbonización del acero. Para la organización, esas experiencias evidencian la necesidad de fortalecer las garantías de gobernanza de herramientas utilizadas por las empresas y sus cadenas de suministro.
El reclamo alcanza también a los auditores: independencia de las entidades evaluadas, restricciones sobre servicios pagos y participación de trabajadores y comunidades en las evaluaciones. Los firmantes presentan estas condiciones como un piso mínimo y reconocen que algunos organismos ya las superan.
Para las empresas que recurren a estos estándares, la discusión amplía el alcance de la debida diligencia. La credibilidad de una herramienta también exige examinar cómo se gobierna la institución que la produce y qué información permite verificar su independencia.
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