Marta Gastón, portavoz socialista de Economía estima que “en materia de internacionalización, es importante el impulso al permitir ampliar las posibilidades, tanto para pymes como para autónomos. En responsabilidad social empresarial, impulsa el valor añadido para las empresas. En sostenibilidad financiera, mediante el incremento de la transparencia en las retribuciones de los consejeros y los altos directivos, trabajando en línea con las recomendaciones del G-20. (...)En transporte y movilidad, da un impulso a su sostenibilidad. En medio ambiente, se contemplan distintas medidas, como por ejemplo la que ratifica nuestro compromiso de reducción de emisiones”.

El Gobierno deberá poner "a disposición de las empresas un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de RSC, así como modelos o referencias de reporte, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia", según informaron fuentes parlamentarias a la agencia Europa Press.

Además, las empresas que hagan accesible al público información sobre su política de RSE deben indicar los estándares o métodos que han utilizado para elaborar la información que publiquen.

La Confederación Empresarial de la Economía Social (CEPES) ha valorado "muy positivamente" la aprobación por unanimidad del proyecto de ley, que dotará de un marco jurídico común al conjunto de instituciones y entidades empresariales que conforman el sector. Para CEPES la aprobación de las enmiendas ha hecho que el texto definitivo “se haya visto claramente enriquecido”.