Cambio climático y competitividad
Los ministros de Energía de los Veintisiete iniciaron en una sesión abierta al público el debate sobre el ambicioso paquete que la Comisión Europea (CE) presentó el pasado mes de enero para reducir las emisiones contaminantes y promover el uso de las energías renovables llamando la atención también sobre la necesidad de que estas medidas no perjudiquen la competitividad de las industrias europeas.
Todas las delegaciones mostraron su conformidad con las líneas maestras del dossier y celebraron la ambición del Ejecutivo comunitario para situar a Europa a la cabeza de la lucha contra el cambio climático.
Entre las preocupaciones expresadas por los ministros, la principal fue las consecuencias que los objetivos de reducción de emisiones y de uso de fuentes renovables pueden tener en las industrias europeas que -como la siderurgia- tienen un gran consumo energético.
Un número importante de países advirtió sobre los riesgos de deslocalización que se pueden dar, en especial si no se firma un acuerdo internacional para combatir el cambio climático que obligue a otros países a endurecer sus políticas medioambientales, e instaron por ello a garantizar la 'competitividad' de las empresas europeas.
En este sentido, la CE prometió cuando presentó el dossier que buscaría mecanismos para proteger a las compañías europeas y abogó por conceder derechos de emisiones de CO2 gratuitos en algunos sectores cuando otros tengan que comenzar a pagar por ellos.
Gran parte del debate de los ministros se centró en el ámbito de las energías renovables, en el que una importante mayoría de países se mostró conforme con los objetivos nacionales asignados por Bruselas.
Únicamente Dinamarca y Chipre criticaron los esfuerzos que la CE ha propuesto para ellos al considerar que no se ha tenido en cuenta suficientemente la situación de partida y las particularidades geográficas, respectivamente.
Además, muchos países se mostraron favorables a la posibilidad de que los estados que superen sus objetivos de renovables puedan vender certificados a otros socios con más dificultades para alcanzarlos.
En este punto, España y Alemania insistieron en que este sistema no es el más apropiado para incentivar las fuentes alternativas y defendieron -tal y como Bruselas propuso finalmente- que se puedan mantener los sistemas de apoyo público que han funcionado hasta ahora.
Tanto la Presidencia de turno eslovena como la CE y la mayoría de los estados miembros se comprometieron a tratar de alcanzar un acuerdo político sobre este dossier antes del fin de año para acudir con él a la cumbre del año siguiente en Copenhague, en la que se espera sellar el acuerdo global que sustituya a Kyoto.