La iniciativa contempla, por ejemplo, que las empresas del Estado estén sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que sus balances y estados financieros sean revisados por empresas auditoras independientes.

El proyecto recoge los estándares y recomendaciones del código de empresas públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se aplica en los países europeos.
Se consagra legalmente la aplicación de las normas de las sociedades anónimas abiertas a las empresas del Estado, se fortalece sus directorios y se crea el Consejo SEP como servicio público descentralizado, modificando tanto su composición como sus facultades a la hora de representar al Estado en su rol de propietario.
"Con estas innovaciones tendremos empresas más eficientes, con una visión estratégica de largo plazo, más transparentes, con más información a los ciudadanos y al mercado", explicó el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
El Secretario de Estado destacó que "serán empresas que a su vez entregarán más recursos al Tesoro Público, con lo cual podremos hacer más y mejores políticas sociales".

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Entre los principales cambios que introduce el proyecto están la creación legal del Consejo del SEP y de las facultades de las empresas creadas por ley, las cuales incluyen la facultad de aprobar planes de desarrollo estratégico y designar o remover a directores o ejecutivos de las mismas; se establece el mecanismo para definir los cambios en la composición del organismo, la labor de los consejeros independientes y los requisitos para integrar el organismo; se fortalece el trabajo de los directorios de las empresas públicas; se establece también un régimen más estricto de supervisión por parte de la SVS y, finalmente, se define cuales de las empresas públicas están sujetas a la norma.

En este sentido, el gobierno incluyó dentro del proyecto de ley a BancoEstado, Enap, Enami, sociedades como CIMM T&S y futuras empresas públicas. Se excluyen del ámbito de aplicación de este proyecto a TVN, que tiene un directorio de consenso nacional y cuya ley orgánica ya recoge las principales normas de la ley de sociedades anónimas; y Codelco, porque su estructura de gobierno está abordada en otro proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso.
(Acción RSE)