Sin embargo, la mayoría de las iniciativas políticas internacionales para el desarrollo sostenible, la protección del medioambiente y la seguridad alimentaria y energética no incluyen medidas para combatirla, subrayan los autores del documento.
La investigación añade que el problema afecta a todos los niveles, desde la elaboración de políticas y atribución presupuestaria, a la ejecución de obras y sistemas de facturación del agua, y tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo.

En los primeros se concentra en la atribución de contratos para la construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas municipales, mientras que en los segundos las prácticas corruptas pueden llegar a incrementar un 30% el coste del suministro de agua corriente de los hogares, por lo que sus habitantes pagan a menudo por el agua más que los de los países ricos.
Esto perjudica en mayor medida a las mujeres, encargadas de abastecer de agua los hogares en muchas naciones en vías de desarrollo, que se ven obligadas a seguir acarreándola, lo que les impide desarrollar otras labores, como trabajar o estudiar.

En la mayoría de los países pobres entre el 20% y el 30% de la población urbana no dispone de agua corriente en el hogar, debido a que los sistemas de abastecimiento se diseñaron para atender a las zonas residenciales, y por ello dependen de distribuidores ilegales que llevan el agua a domicilio en camiones cisterna y cobran elevados precios por sus servicios.
Sin embargo, los autores del informe no recomiendan perseguir a estos distribuidores, ya que esto podría dejar sin agua a miles de personas, sino desarrollar medidas para que actúen dentro de la legalidad, como establecer licencias y reglamentos flexibles que regulen su actividad, lo que ya ha obtenido buenos resultados en países como Vietnam, Mozambique, Senegal o Ghana.
(SERVIMEDIA)