Es la Responsabilidad Social Corporativa, que contribuiría a alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo establecidos en la Agenda de Lisboa y ayudaría a crear una situación ventajosa para todas las partes: trabajadores, compañías, consumidores y ciudadanos.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) supone que las empresas, de forma voluntaria, asuman responsabilidad directa sobre el impacto social y medioambiental causado por su actividad. Así, las compañías no sólo serían responsables ante sus empleados sino también ante el resto de sectores implicados de algún modo en su actividad, como inversores, consumidores o grupos ecologistas. El objetivo de fondo sería dar respuesta a los nuevos retos planteados por la globalización económica, el desarrollo sostenible y el modelo social europeo.
El informe parlamentario, elaborado por el eurodiputado diputado socialista británico Richard Howitt en respuesta a una comunicación de la Comisión sobre RSC de 2006, urge a las empresas "a transformar las palabras en acciones concretas". Para Howitt, la RSC sólo puede funcionar si se adopta un enfoque multi-sectorial que establezca estándares internacionales y realice un seguimiento y verificación independientes.

El texto realiza, además, una serie de recomendaciones para poner en práctica de la RSC. Así, apela al establecimiento de criterios concretos que las empresas deben cumplir y propone la obligatoriedad de presentar informes de impacto ambiental y social. En esta línea, el Parlamento Europeo (PE) no descarta la posibilidad de nombrar un defensor del pueblo europeo para RSC, que se encargaría de investigar los temas relacionados con estas prácticas a petición de las empresas o de cualquier otro grupo. En cualquier caso, la Eurocámara plantea un enfoque voluntario hacia estas prácticas.
No haber logrado aún una aclaración sobre lo que es realmente la RSC, junto con el frecuente uso en su lugar del concepto de ir más allá en el cumplimiento, 'permite a algunas empresas afirmar que dan pruebas de responsabilidad social a la vez que violan la legislación local o internacional'.

La respuesta comunitaria a la RSC partió de la Comisión a mediados de los años 90 con el objetivo de luchar contra la exclusión social. Así, en 1993 la institución realizó una llamada de atención sobre la materia al mundo empresarial en su libro Blanco (documento que propone acciones concretas en política comunitaria) sobre el crecimiento y el empleo.
En 1999, el Parlamento aprobó una resolución sobre la materia por la que reclamaba el establecimiento de un código de buenas prácticas vinculante que regule la actividad de las empresas europeas en términos ambientales y de respeto a los derechos laborales y humanos en todo el mundo. A esto se sumó el apoyo del Consejo a la inclusión de la RSC como parte de la llamada Estrategia de Lisboa, que pretende hacer de Europa la economía más competitiva del mundo en 2010.
En octubre de 2006, la Eurocámara organizó una audiencia sobre responsabilidad social de las empresas; poco después, la Comisión instaba a las empresas europeas a "situarse a la vanguardia de la excelencia" en materia de RSC.