La denuncia se efectuó ante el Juzgado Federal N 3 por presunto incumplimiento del artículo 140 del Código Penal y de distintos artículos de las leyes 12.713 , de Trabajo a Domicilio, y 25.871, de Migraciones.
La información se brindó esta mañana en conferencia de prensa durante la cual el ministro de Producción, Enrique Rodríguez, puntualizó: "desde el año pasado, cuando iniciamos las investigaciones, se nota que hay un avance y las condiciones han mejorado en algunos lugares, pero hay que continuar el trabajo y el Estado tiene que seguir ejerciendo el poder de policía".
"Hay muchos talleres que se están mudando a otras jurisdicciones –explicó Rodríguez- y por eso hemos firmado convenios con La Nación y con la Provincia de Buenos Aires que deben ser ratificados por la Legislatura de la Ciudad, pero ya estamos trabajando en conjunto."

Además, el Ministro dijo que se está en la tarea de crear una cooperativa donde podrán reubicarse todos los operarios de talleres clandestinos que van quedando sin trabajo, y abogó por la instrumentación en el MERCOSUR de políticas laborales que contemplen contratos de trabajo adecuados.
Por su parte, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, puso de relieve que el organismo a su cargo trabaja mancomunadamente con la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Producción y con la Cooperativa La Alameda "para lograr el desbaratamiento de esta modalidad de trabajo basada en la explotación que ofende los derechos humanos y que permite mantener los precios bajos en el rubro textil."

A su turno, Gustavo Vera, titular de la Unión de Costureros dijo: "una prenda que se vende al público en $120 se le paga $4 pesos al tallerista y sólo algunos centavos al operario. Esta tarea para desbaratar la red de producción ilegal debe seguir a fin de lograr que la gente trabaje en condiciones dignas y que cese la evasión impositiva".
Del encuentro con los periodistas participaron también el subsecretario de Trabajo, Empleo y Formación Profesional, Ariel Lieutier; y el director de Asuntos Judiciales de la Procuración General, Norberto Josovich.
Las actuaciones se iniciaron en marzo pasado cuando la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesional efectuó una inspección en la planta de la firma Delos S.A., ubicada en Av. Cobo 1821, donde el personal fiscalizador labró actas por distintas violaciones a normas de seguridad e higiene y de legislación laboral, además de comprobar que en el establecimiento se efectuaban tareas de confección para primeras marcas de indumentaria ahora denunciadas ante la justicia.

Por otra parte, se estableció que Delos S.A. utilizaba para la confección de prendas a cuatro talleres textiles ubicados en Av. Juan Bautista Alberdi 4619, Zelarrayán 1855, Magariños Cervantes 2839 y Martínez Plácido 2059, todos en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Como resultado de las inspecciones efectuadas en esos talleres se labraron actas por violaciones a las normas de seguridad e higiene y a la legislación laboral y de migraciones.

Finalmente, las actuaciones fueron giradas a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para la correspondiente denuncia ante la justicia, por haberse detectado "la existencia de un sistema de producción a través del cual marcas de primera línea, utilizando un intermediario, en este caso Textil Delos S.A., o de manera directa, realizan parte de su producción en talleres que no sólo se encuentran al margen de todo registro, sino que además violan normativas de tipo laboral y penal de primer orden", tal como se indica en el informe técnico que al respecto elaboró la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Producción.

Cabe recordar que anteriormente el Gobierno porteño había denunciado ante la justicia y por motivos similares a las empresas Kowsef S.A. (Kosiuko), Check S.A . (Cheeky) y Gilmer S.A. (Soho).
Por otra parte, desde enero de 2006 hasta la fecha el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesional recibió 2702 denuncias sobre talleres clandestinos, efectuó 6981 inspecciones en 2835 establecimientos y el Ministerio de Gobierno dispuso 713 clausuras en el mismo período.