Comienza señalando el Ombudsman nacional que, sin expedirse aún sobre los efectos ambientales que esa actividad produce y que se encuentran en pleno estudio, "hemos advertido hechos de gravedad vinculados específicamente con el accionar por parte de las empresas mineras sobre la sociedad y, en particular, su impacto en la educación  pública".
Mondino advierte que a partir de una serie de reclamos recibidos en la Defensoría nacional  surge una modalidad de acción de grandes empresas (Barrick Gold Corp. y la Unión Transitoria de Empresas que conforman Minera Alumbrera Ltd. y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) dirigida concretamente a brindar asistencialismo directo a instituciones educativas y a otras organizaciones sociales.

"Mi interés en esta instancia – señala el Ombudsman – es llamar la atención sobre este problema puntual que se observa en el plano social y que es interpretado por nosotros como un daño a la identidad y a los bienes o valores colectivos, daños también comprendidos en el concepto de daño ambiental".
Funcionarios de la Defensoría concurrieron en tres oportunidades a las provincias de San Juan, Tucumán y Catamarca observando en distintas localidades como se desarrolla por parte de las citadas empresas mineras–con total habitualidad y naturalidad – la ayuda y colaboración a escuelas públicas y privadas, hospitales, organizaciones agrícolo-ganadero-industriales, eventos culturales, programas de restauración de patrimonios culturales municipales y/o provinciales: "Estos hechos son preocupantes en razón de que dichas donaciones -- acompañadas con ostentosos actos publicitarios – provocan la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades, gravedad que se ve amplificada al dirigirse estas aciones a educandos que poseen entre 3 y 18 años de edad, quienes no solo reciben información a procesar sino que están en edad de FORMACION DE CONCIENCIA Y DE VALORES", apunta Mondino.

Para el Ombudsman no es la donación en sí el hecho preocupante, sino que estas aciones vengan  acompañadas, de una manera o de otra, por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado por las empresas mineras, pudiendo este simple hecho inhibir toda posible crítica y, aún más, restringir la participación y el ejercicio de la población en la defensa de los derechos ambientales que consideren violados.

Advierte Mondino que en un programa nacional de desarrollo sustentable el Estado juega –desde el punto de vista social—un rol indelegable como garante del ejercicio pleno de las libertades públicas en pos de un bienestar general presente. El Estado debe ser extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de asistencialismo privado, en este caso minero, a través de la manipulación y condicionamiento de la libertad de los habitantes de una determinada comunidad.