Esas pautas, a su vez, tienen origen en la necesidad de una mayor transparencia en el gobierno corporativo, para facilitar así el acceso al mercado de capitales, mejorar la gestión empresaria y el manejo de los riesgos implícitos en el gerenciamiento societario, reducir los costos transaccionales y permitir la identificación y resolución de los conflictos de interés.
Este instrumento incluye recomendaciones de buen gobierno ya admitidas en la práctica internacional, adaptadas al contexto legal argentino y a las prácticas empresarias vigentes en nuestro país.

El Código debería ser aplicado, en primer lugar, por las sociedades admitidas a la oferta pública. Sería conveniente, sin embargo, que también sea aplicado por las sociedades cerradas, grandes y pequeñas. Sus recomendaciones son compatibles con la ley de sociedades, los decretos y regulaciones de la CNV vigentes, y están basadas en los principios sugeridos por la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) y las recomendaciones del "White Paper on Corporate Governance in Latin America" elaborado por la OECD y la International Finance Corporation (IFC) con la opinión consensuada de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Méjico, Perú y Venezuela. Las sociedades deberían adherir a los principios precisados en el Código mediante una declaración pública y explícita acerca de su compromiso y adhesión a sus reglas.
Sugiere un sistema de gerenciamiento y de control adecuado para que las sociedades se concentren en la creación de valor, sustentable a largo plazo. Un objetivo semejante sirve las necesidades de todos aquellos cuyo bienestar depende del éxito de la empresa.

IAGO tiene el propósito de revisar el Código periódicamente, para incluir nuevos principios que se introduzcan en la materia y adaptar sus recomendaciones. 
El código (que puede ser consultado en www.iago.org) incluye recomendaciones ya corrientes en la práctica internacional adaptadas al contexto legal argentino y a las prácticas empresariales vigentes en nuestro país. El código debería ser aplicado prioritariamente por las sociedades admitidas a la oferta pública de sus acciones.
Para Alberto Shuster, director de KMPG y miembro de IAGO, las prácticas de buen gobierno corporativo "apuntan a que las empresas puedan, además de maximizar sus ganancias, ejercer sus funciones con responsabilidad y cumpliendo las normas. En definitiva, el gobierno corporativo se refiere a un conjunto de principios que regulan el comportamiento transparente de las empresas".
"Sería conveniente que también lo adoptaran voluntariamente las empresas no cotizantes, pero que son relevantes para el macrosistema económico, tales como bancos, AFJP, compañías de seguros, de servicios públicos, así como todas las que por su alta responsabilidad social requieren un adecuado gerenciamiento, desarrollo y mayor control" afirma Shuster.