A través de un comunicado oficial, la minera aclaró que constantemente es supervisada e inspeccionada por autoridades provinciales y nacionales y que lleva adelante una actividad que es fundamental para el desarrollo económico y social no sólo de la provincia, sino del país entero.

"Nuestra empresa está cumpliendo con el convenio de compensación suscripto en 2001, luego de la construcción de la línea de alta tensión. Para ello, además de la planta de tratamiento de residuos construida en El Mollar, se destinarán $4 millones a la instalación de dos centros de disposición final de la basura", manifestó en un documento.

La empresa dice que el reciente acuerdo firmado con el Poder Ejecutivo provincial no implica un reconocimiento a las acusaciones sobre el impacto ambiental que genera la actividad. "No hay razón que sustente tales acusaciones. Minera Alumbrera es una empresa ambientalmente responsable y está abierta a que se hagan, como muchas veces ya se hicieron, todas las investigaciones que las autoridades crean convenientes", señala el comunicado.

Destaca, además, la decisión de ampliar el plan de apoyo a la comunidad, "contribuyendo con obras de bien público en las provincias de influencia del emprendimiento (Catamarca y Tucumán), por la suma de $11 millones en los próximos tres años".

La empresa extranjera rechazó las versiones que hablan de contaminación de efluentes. Aseguró que cumple estrictamente con las resoluciones provinciales sobre los límites de descarga -"lo cual fue comprobado en reiteradas oportunidades por las autoridades locales", según se informó.

Por último, desestimó un supuesto contrabando de minerales. "Esto es absolutamente inexacto y carece de fundamento. Es necesario recordar que nuestra firma está sujeta a controles de las secretarías de Minería de la Nación y de Catamarca y supervisación de la Aduana y la Afip. No tenemos conocimiento de que exista una causa de esta naturaleza", concluyó la firma.

Según un informe especial del diario Tucumano La Gaceta las críticas a las obras de Minera Alumbrera en los Valles Calchaquíes y el resarcimiento por el deterioro ambiental reclamado por el Poder Ejecutivo tienen un fuerte respaldo en un informe especial que emitió la Unesco en 1997, y cuyas observaciones no se habrían alterado en este tiempo.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas envió una delegación a Tucumán para relevar la situación. Fueron María Cristina Jörgensen, especialista de programa de la Unesco en Argentina, y los consultores John Celecia (experto en ciencias ecológicas), y Héctor Arena (especializado en patrimonio cultural).

Entre sus conclusiones, los observadores destacaron que en forma repentina, y sin que Tucumán contara con la experiencia ni la vivencia necesarias, se comenzó una explotación minera a gran escala. Agregaron que esa nueva realidad obligaba a reformular marcos jurídico-legales apropiados y a velar por su estricta aplicación, así como también a reestructurar las instituciones encargadas de formular políticas, planificar, gestionar y definir mecanismos de control adecuados, para lo cual se cuenta con un capital humano de alto nivel.

Entre las advertencias vertidas en el documento, se destacó que las comunidades locales no están preparadas para reaccionar ante las consecuencias sociales, culturales, económicas y medio-ambientales de los emprendimientos empresariales de envergadura. En ese aspecto, consideraron que la experiencia adquirida en Bajo la Alumbrera y sus consecuencias positivas y negativas "deberán constituir valiosos antecedentes para que el NOA y el país entero puedan enfrentar el enorme desafío de la explotación minera".

El legislador Alejandro Sangenis dijo que si la empresa quiere firmar un convenio con la Provincia para resarcir el daño ambiental por $ 25 millones, "es porque sabe que está en falta y que, en un juicio, esa suma puede ser infinitamente mayor". "Pretenden dar migajas para calmar la ansiedad en obras públicas que bien podrían realizarse sin su contribución", afirmó.

El Movimiento Popular Tucumano (MPT) cuestionó las negociaciones entre el PE y Minera Alumbrera para acordar un resarcimiento por los daños ambientales causados en los Valles Calchaquíes por las obras realizadas para la explotación de la mina Bajo la Alumbrera.

Tras seis meses de confrontaciones públicas, el Gobierno de la Provincia y directivos de Minera Alumbrera llegaron a un acuerdo resarcitorio por los daños ambientales que afectaron a los Valles Calchaquíes.

Luego de una reunión de 40 minutos en Casa de Gobierno, los representantes de la empresa extranjera, encabezados por el gerente general, John Evans, hicieron conocer el ofrecimiento realizado al Poder Ejecutivo. "Se trata de una inversión de $11 millones en salud y educación, el mejoramiento de la planta de tratamiento de residuos ubicada en el Mollar y la extensión de nuestra red de alta tensión para abastecer de luz eléctrica a Tafí del Valle", explicó el gerente de Recursos Humanos de la empresa multinacional que explota la mina "Xstrata Copper", Alberto Olivero.

Sorpresivamente, minutos más tarde, el gobernador José Alperovich convocó a una conferencia de prensa para ratificar el acuerdo con la minera, pero dio a conocer otros montos. "La verdad es que acordamos $15 millones para la realización de obras y $7 millones para utilizar su electroducto, que dotará de luz a Tafí del Valle", dijo.

Consultados por La Gaceta, fuentes de la firma afirmaron que la inversión de $11 millones en obras se desembolsará dentro de los próximos tres años y que corresponden a una ampliación de su programa de responsabilidad social empresaria. "Esto no guarda relación con la compensación ambiental pedida por el PE. El objeto de este aporte es que se refleje en un corto plazo en beneficios directos para la comunidad", explicaron.