Después de la presión del Ministerio de Trabajo de la Nación en los últimos meses para llevarlo adelante, las autoridades del Renatre (conformado por las 4 principales entidades del campo y el sindicato rural) presentaron ayer el programa de fiscalización que se realizará mediante el "método inductivo", y que se concentrará, en una primera etapa, entre agosto y diciembre.

El método será que una vez realizada la inspección, el empleador tendrá cinco días para regularizar su situación, de lo contrario se le aplicarán multas que van desde los 500 a los 5.000 pesos.
El organismo apunta a blanqueo de trabajadores, fundamentalmente, y de productores de todo el país. El sector agroindustrial registra uno de los índices más altos de empleo en negro, que en la mayoría de las zonas supera el 90%, a pesar de ser uno de los rubros beneficiados con la devaluación, aseguraron desde el Renatre.

En la actualidad están inscriptos alrededor de 400 mil empleados y 70 mil productores, pero estimaciones de los distintos actores del sector de la cadena agroalimentaria calculan que existen más de 1,1 millón de trabajadores y más de 150 mil chacareros en negro o anotados de de forma irregular.
Con un agravante. El ministro de Trabajo provincial, Alberto Gianeschi, admitió que en la mayoría de los campos trabajan menores de 14 años.

Según representantes gremiales y ruralistas, las mayores de concentraciones de empleo en negro se concentran en las producciones con mano de obra intensiva, en zonas de frontera, en la Patagonia y en los cinturones verde que rodean los grandes aglomerados urbanos, donde se localizan las producciones de frutihortícolas.
"No venimos a hacer una caza de brujas", aseguró el presidente del Renatre, Pablo Orsolini, quien a su vez es dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), durante el lanzamiento, pero aclaró que la fiscalización apunta a que "no exista una competencia desleal entre productores alambrado de por medio".
El organismo, creado a través de la ley 25.191 sancionada en 1999, tiene poder de policía, pero hasta el 2002 no se había conformado y recién en mayo pasado, después de un acuerdo con el Ministerio de Trabajo se armó el plan nacional de fiscalización que ahora comienza rodar.
La normativa vino a regularizar la situación de un segmento de trabajadores y empleadores que habían quedado excluidos del sistema de la seguridad social sancionado en 1990, cuando se aprobó la ley 24.013, que también dejó afuera al empleo doméstico, a pesar de que los empresarios igualmente debían contribuir al sistema el 1,5% en aportes remunerativos pero que no volvía al sector bajo ningún formato.

De esta manera se creó un subsistema dentro de la seguridad social y de seguro de desempleo para los trabajadores rurales, que es manejado por el Renatre.
Aunque ya se comenzaron a realizar inspecciones en los últimos meses en los campos en distintas provincias, incluida Santa Fe, y que, como ayer quedó en claro en la ronda de preguntas durante la presentación, existen fuertes resistencias para el blanqueo, no sólo para formalizar a los empleados sino también de empleadores.
Algunos representantes gremiales insistieron en que las inspecciones "se harán sí o sí", como respuesta a los reclamos de distintos sectores de productores, que planteaban diferentes dificultades para llevar a la práctica el blanqueo de personal e insistieron en mantener nuevas conversaciones para encontrar puntos de acuerdo específicos a cada sector o región, como plantearon los productores de frutillas de Coronda o del cordón verde de la ciudad de Santa Fe.
Frente a este debate, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien estaba sentado en la tribuna, tomó el micrófono y planteó que la fiscalización debería tener en cuenta un "gradualismo", ya que consideró que no es lo mismo una corporación -por tamaño y acceso a beneficios fiscales- que una Dime o un quintero alejado de los mercados de concentración y hace que sus costos sean más elevados.
De todas formas, Buzzi defendió la fiscalización de empleo en el sector y recordó que un miembro de FAA, Orsolini, preside el Renatre. Terminada la presentación un grupo de productores hicieron cola para hablar con el dirigente rural, a quien le transmitieron la preocupación por la embestida del gremio para regularizar la situación de los trabajadores.
Por otra parte, Orsolini adelantó que están llevando adelante gestiones con legisladores nacionales, y consensuado entre las cuatro entidades rurales, para que antes de fin de año sea aprobada otra ley que genere la "corresponsabilidad gremial", que permita que al momento de la venta de la cosecha el productor pueda realizar todos aportes sociales en ese momento.