“Estamos llamando a todos los afiliados, y tendremos movilizaciones en más de 100 países para demostrar a los gobiernos, los políticos y empresarios que lo que hace falta en esta economía mundial son oportunidades para todos, para obtener un trabajo decente”. Para ello, “hemos escogido tres temas: la defensa de los derechos de los sindicalistas, la pobreza en el mundo y la solidaridad”.
En ese sentido, Ryder ha señalado que el objetivo es “demostrar que existe una familia mundial sindical capaz de tener un influencia en la dirección y la naturaleza de la economía globalizada”.
El cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha señalado con rotunda claridad que ya no hay dudas de que la amenaza de un cambio en el clima es real y de que está producido por la acción humana.Asimismo, ha indicado también que se puede evitar que el calentamiento global supere los dos grados y conseguir la estabilización de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera si se dedican medios suficientes usando tecnologías disponibles actualmente, según los sindicatos.
Por ello, han considerado necesario promover otras nuevas formas no contaminantes de producir y consumir, “especialmente en al ámbito del uso de la energía, reorientando la utilización de materias primas y combustibles”. Para impulsar estos cambios en los modelos energéticos, industriales, agrícolas y de transporte “hay que tener en cuenta la desigual situación de los países desarrollados respecto de la de los países del sur”.
En este contexto los sindicatos han señalado que se comprometen con el proceso mundial para diseñar un nuevo acuerdo en Copenhague 2009, que dé continuidad al Protocolo de Kyoto, cuyo primer periodo de cumplimiento culmina en 2012, que sirva para evitar un cambio climático catastrófico y han planteado algunas exigencias desde un punto de vista social.
Entre ellas, han apuntado que los países firmantes del Convenio Internacional sobre cambio climático deben lograr un compromiso de reducción de emisiones a medio y largo plazo en línea con los acuerdos contemplados en Bali y las recomendaciones del IPCC, con criterios de reparto de la carga basados en la equidad y en la responsabilidad común.
Todo ello, teniendo en cuenta las peculiaridades de los países, lo que “implica un compromiso de reducciones, como mínimo del 20% y, que según el IPCC, debería ser entre un 25 y un 40% para 2020 en relación a 1990 para los países industrializados y limitaciones de emisión o reducciones voluntarias para los países en desarrollo, especialmente los llamados emergentes”.
“El objetivo para el año 2050 debería incorporar objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones y descarbonización de nuestro sistema de producción y de consumo en línea con las resoluciones adoptadas por la CSI y la CES”, han indicado.
Responsabilidad de los gobiernos.
Además, mantienen que los gobiernos de todos los países deben poner en marcha con urgencia planes y medidas para disminuir el consumo de energía y usar fuentes más limpias y renovables, así como mejorar la eficiencia energética.
Estos esfuerzos deben acometerse en todos los sectores y ámbitos, pero especialmente en la industria, el transporte, la edificación y la agricultura. Los sindicatos se han comprometido a impulsar medidas de este tipo en los lugares de trabajo y en el transporte de los trabajadores a sus centros.
Por otro lado, han afirmado que la comunidad internacional debe proveer de fondos suficientes para financiar las medidas de adaptación que permitan evitar los efectos sociales negativos que “ocasionarán las alteraciones climáticas, en especial en los países en desarrollo y muy especialmente en los países menos desarrollados”. El cambio climático incide en mecanismos clave para el desarrollo humano, como la agricultura y seguridad alimentaria, el ciclo hidrológico y acceso a recursos hídricos, biodiversidad y salud.
Ante esta situación, los sindicatos han señalado que los gobiernos de los países con niveles altos de industrialización tiene la obligación de adoptar medidas de protección social y formación, denominadas de “transición justa”, para evitar los efectos sociales adversos sobre los trabajadores de los sectores que se puedan ver afectados por las necesarias medidas de reducción de emisiones, así como impulsar y apoyar con fuerza a los sectores económicos y productivos basados en el uso de recursos y tecnologías limpias y renovables.
Esto debe hacerse a través de procesos de diálogo social tripartitos, como el establecido en España basado en Mesas de Diálogo Social para el cumplimiento del Protocolo de Kioto y del Plan Nacional de Asignación, según han comentado los sindicatos.
Además, han indicado que continuarán concienciando a los trabajadores sobre la amenaza el cambio climático para conseguir un uso más racional de la energía y el transporte en la actividad laboral.