En 2002, el asesor legal de la ONU emitió una opinión jurídica general sobre la legalidad de la extracción de minerales en territorios que no son auto-gobernados, que también incluyó una evaluación específica de este tema con respecto a la situación en el Sáhara Occidental.

El dictamen de la ONU señaló que la extracción de minerales  en territorios que no son auto-gobernados sólo es aceptable si beneficia a la población local del territorio. El Consejo de Ética del Fondo consideró que los intereses de la población local no son atendidos por las operaciones de OCP, y que esta situación es inaceptable y que “constituye el núcleo de la violación de normas éticas en el presente caso”.

Además, el Consejo de Ética consideró que no todas las empresas que compran fosfato del Sahara Occidental están actuando sin ética. En su evaluación de esta cuestión, el Consejo de Ética consideró diversos asuntos, entre ellos "el conocimiento y la especificación de la fuente de fosfato, la intercambiabilidad de los fosfatos, y que las empresas tienen vínculos contractuales con la OCP.

En su decisión de adoptar la recomendación del Consejo de Ética, el Ministerio de Hacienda de Noruega ha asignado un peso particular al hecho de que las compañías aceptan conocer el origen de los fosfatos, que especifican que quieren el fosfato  particular de la mina del Sáhara Occidental en cuestión, y que parece probable que las empresas seguirán comprando este fosfato en particular en el futuro.

En tanto, el Ministerio de Finanzas ha decidido poner Alstom SA en su lista de observación debido al “riesgo de corrupción grave” en las operaciones de la compañía. El Consejo de Ética deberá observar la empresa durante un período de cuatro años.

Entre otras cosas, el Ministerio ha concedido importancia al hecho de que Alstom está siendo objeto de procedimientos legales en muchos países diferentes (Corea, México), y que “los resultados de estos procedimientos no están todavía claros”.