El informe examina la transparencia voluntaria definida como “el esfuerzo por publicar y diseminar la información relevante de la organización poniéndola a disposición de los diferentes grupos de interés (stakeholders) de forma visible, accesible, permanente y actualizada”.

El estudio analiza 26 indicadores divididos en diez áreas: transparencia, independencia, división de poderes, estrategia, selección y evaluación, formación y dedicación, retribución, término y sucesión, diversidad y diálogo. Para elaborarlo se ha revisado la información que se encontraba disponible en la web de las empresas a 31 de diciembre de 2012.

El estudio revela que ninguna empresa informa del tiempo y dedicación de los consejeros a temas de estrategia y supervisión.

Sólo el 29% de las empresas (nueve empresas) cumplen la recomendación de establecer una neta separación de poderes entre el presidente del consejo de administración, con la exclusiva misión de dirigir el consejo y el primer ejecutivo (consejero delegado o director general), encargado de dirigir el equipo de dirección. 

Sólo Iberdrola proporciona información sobre las características y resultados de la evaluación del consejo; ninguna empresa proporciona información sobre los planes de sucesión de los consejeros y primeros ejecutivos; ninguna empresa proporciona información sobre la remuneración individualizada de la alta dirección.

Sólo el Banco de Santander proporciona información sobre la formación impartida a los consejeros. 

Sólo 11 empresas (Bankinter, DIA, FCC, Gamesa, Iberdrola, IAG, Banco Popular, REE, Repsol, Sabadell y Sacyr), o lo que es igual un 32% de la muestra, proporcionan información sobre las medidas positivas que están tomando para impulsar una mayor presencia de las mujeres en el órgano de gobierno.

Iberdrola es la empresa que proporciona más información sobre las diez áreas de buen gobierno examinadas, seguidas de Bankinter, BME y DIA. En las últimas posiciones se sitúan Acerinox, ACS, Grifols y Técnicas Reunidas.

La publicación del informe coincide con la reciente decisión de constituir un grupo de expertos para reformar el actual Código Unificado que se considera insuficiente para dar respuesta a las nuevas demandas de información y exigencias relacionadas con las prácticas de buen gobierno.

En este sentido, Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia y autor del informe, comenta que “el actual formato de Informe Anual de Gobierno Corporativo es un documento que no responde a las expectativas de información de los diferentes grupos de interés de la empresa, ahora bien, la solución a este problema no pasa exclusivamente por reformar el Código Unificado ampliando sus contenidos, si previamente no se abordan otras cuestiones relacionadas con la mejora del dialogo con los grupos de interés”.

Frente a la crítica de algunos presidentes de las empresas del IBEX 35 que se han manifestado en contra de la oportunidad de reformar el Código Unificado, Martín Cavanna declara que: “Es cierto que el sistema de gobierno por naturaleza tiende a ser algo estable y, también, que las reglas de gobierno no pueden estar sometidas a una constante revisión, pero entre la necesaria estabilidad y la actual pasividad de los consejos de administración media un campo muy grande”.