El proyecto de ley insta a las empresas a incrementar su compromiso para poner fin a este tipo de violaciones de los derechos humanos, exigiéndoles que expliquen las políticas y sistemas de gestión que tienen en el lugar para identificar y erradicar estas prácticas dentro de sus cadenas de suministro globales.

Los inversores institucionales Interfaith Center on Corporate Responsibility, Calvert Investments y Christian Brothers Investment Services han mostrado su apoyo al proyecto afirmando que la complejidad de las cadenas mundiales de suministro hace que las compañías que no cuentan con unos protocolos integrales contra la trata y la esclavitud estén expuestas a riesgos financieros, normativos, legislativos, jurídicos y de reputación, de manera que pueden afectar negativamente al valor la compañía y de las acciones.

Según Mike Lombardo, de Calvert Investments, afirmó "las empresas deben tomar medidas para incrementar la transparencia de la gestión de riesgos en derechos humanos, entre ellos la trata de personas y la esclavitud. La divulgación corporativa requerida en el proyecto de ley propuesto es consistente con la creencia de Calvert de que las compañías deben presentar informes fiduciarios y públicos y que sus Consejos de Administración deben trabajar en la identificación y gestión de riesgos materiales, incluidos los relacionados con los derechos humanos". 

El actual proyecto de ley en fase de tramitación tiene su base en la ley californiana sobre Transparencia en la Cadena de Suministro, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2012 y se aplica a los fabricantes y distribuidores que hacen negocios en dicho estado. Con la nueva norma se verían afectadas todas las entidades que cotizan en bolsa o privadas en todos los sectores y, en consecuencia, tendría amplia repercusión internacional.