Michael Hershman, Presidente del Grupo Fairfax, explicó que a nivel mundial, son mayores los controles en materia de corrupción en el sector privado que en el sector público. “Seamos francos, hay muchos países donde la supervisión de las empresas a sus filiales que hacen negocios en América Latina o en África, no son muy rigurosas respecto al control de la corrupción”, señaló. Por otra parte, indicó que ha constatado una mayor presión en las empresas para que cumplan con las convenciones y tratados contra la corrupción que han firmado sus respectivos países.

Gonzalo Guzmán, representante del Colegio Internacional de Abogados (IBA por sus siglas en inglés), presentó los resultados 20013 de su encuesta sobre corrupción a estudios de abogados en todo el mundo, que reveló que más del 80 por ciento de los entrevistados percibían que el resto de los abogados poseen un cierto nivel de corrupción o se encuentran en riesgo de caer en esta práctica. Guzmán agregó que los encuestados expresaron su preocupación por las relaciones que desarrollan los abogados con las autoridades del sector público. En este sentido, indicó que el 60 por ciento de los encuestados señaló que ven a la justicia como el más vulnerable de los poderes públicos.

La economista del Banco Mundial, Francesca Recanatini, expuso sobre los desafíos y buenas prácticas para las autoridades anticorrupción. Al referirse a los desafíos que enfrentan las Agencias Anticorrupción (AAC), sostuvo que “hay una necesidad de contar con instituciones claves y también con el apoyo del líder del país” al que pertenecen. Advirtió que las AAC cuentan con recursos limitados y que existe “tensión entre la prevención y la persecución”. En relación a la estructura y los mandatos, dijo que las AAC son muy diversas y pueden adoptar distintas formas y desarrollar diferentes funciones como la prevención, la investigación, la persecución, la investigación y la divulgación. En relación a los mandatos que deben de regir a las ACC, afirmó que “la teoría organizacional” recomienda un mandato único para lograr una mayor efectividad, porque “un mandato claro conduce a una mejor coordinación entre las diferentes agencias”.

Finalmente la Coordinadora General de Cooperación y Convenios Internacionales de la Contraloría General de la Unión (CGU) del gobierno federal de Brasil, Camila Colares Bezerra, expuso sobre “la cooperación internacional no penal en el combate contra la corrupción”. Colares Bezerra relató que si bien históricamente a la corrupción se le ha hecho frente con instrumentos penales, recientemente en algunos países de América del Sur, como Brasil, se han adoptado una serie de instrumentos no penales para enfrentar el problema. Una de las diferencias principales entre los instrumentos penales y los no penales, dijo la experta, es que en el primer caso se busca enviar a la cárcel a la persona que se persigue, mientras que en el segundo caso la sanción se basa en multas o sanciones monetarias. Además, afirmó que se ha percibido que los instrumentos no penales son más eficaces y más prácticos porque a la hora de usar la norma de prueba no es necesario ser tan estricto como los procedimientos de índole penal. A modo de ejemplo, dijo que de un total de 4.938 funcionarios públicos de Brasil que fueron destituidos por la CGU, el 67 por ciento fue por actos de corrupción, de los cuales apenas el 6,8 por ciento fue objeto de revisión judicial.