Desde el punto de vista económico, el documento destaca la importancia de tener en cuenta el cálculo de costes de ciclo de vida al permitir identificar los beneficios reales más allá del coste de adquisición inicial del producto o servicio. “Al tener en cuenta una visión integral de la compra -reflexión de necesidades de compra, adquisición, buenas prácticas en su uso y gestión final-, se puede lograr una eficiencia del gasto público” señala el informe que pone como ejemplo la adquisición de equipos electrónicos, de vehículos o de luminarias.

En cuanto a los beneficios sociales la compra pública verde ayuda a “la potenciación de un nuevo tejido económico de nuevas empresas y emprendedores verdes que satisfaga esa demanda con la creación de empleo verde”. Además señala que “suponen también una mejora en la calidad de vida de los trabajadores y por extensión de la ciudadanía en general”.

Desde el punto de vista político, las aportaciones son: la mejora de la imagen pública y de la labor ejemplarizante que ejerce sobre el conjunto de la sociedad.

Por último, el informe destaca la reducción de los impactos ambientales derivados tanto de la fabricación, como de uso y eliminación de los productos.

En estos momentos la compra pública verde se perfila como una herramienta indispensable para la competitividad y el desarrollo sostenible de empresas y administraciones públicas. Se calcula que el volumen de económico de la compra verde en Europa es de aproximadamente el 16% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo.