El ministro Teori Zavascki propuso sellar las contribuciones de las corporaciones para mantener costosos contratos con la Administración Pública, mediante la contribución de las empresas a los diferentes partidos y candidatos que compiten entre sí. Por último, dijo que las personas jurídicas que contribuyen a las campañas políticas deben ser prohibidas para contratar con la administración pública hasta el final de la gestión posterior.

Por su parte, la Ministro Rosa Weber señaló que la financiación de las campañas electorales y los partidos políticos es un tema delicado, de difícil ecuación. Según ella, no hay un sistema perfecto o ideal que permita protegerse de la posibilidad de fraude. Además, expresó que el desequilibrio de fuerzas en la campaña electoral perpetrado por el poder del capital puede llegar a convertir las elecciones en un juego político de cartas marcadas.

Para la Ministra Carmen Lucía, la influencia del poder económico desiguala candidatos y partidos. El que tiene mayor número de recursos es quien tiene mejores contactos con empresas, y luego representará a estos intereses, no los intereses de todo el pueblo, el interés legítimo que apoya la democracia, expresó.

Sin embargo, el Decano de la Corte (Ministro Celso de Mello) manifestó en su voto que la Constitución Federal no establece ni regula el tema de las donaciones a las campañas políticas por parte de las corporaciones, sólo dice que las prácticas comerciales injustas no serán toleradas bajo pena de comprometer la normalidad y la legitimidad del proceso electoral.