Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a nivel global la tala y el comercio ilegal suponen un coste estimado para los gobiernos entre 10-15 000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos.

La tala ilegal despoja a los gobiernos y a las comunidades de los recursos de los que dependen, reduce la biodiversidad, acelera los efectos del cambio climático y produce conflictos por la tierra y otros recursos naturales.

La tala ilegal también impide el desarrollo de las empresas que respetan la ley y genera corrupción en varios niveles en los países.

Para enfrentar estos problemas, los gobiernos, comunidades y empresas de la región están fomentando  el manejo forestal sostenible y la buena gobernanza de los bosques.

“Algunos buenos ejemplos de gobernanza forestal en la región son el Pacto Intersectorial por la Madera en Colombia, las veedurías comunitarias en Perú, los sistemas de trazabilidad en Guatemala y Honduras y la alianza para frenar la tala ilegal entre los gobiernos y pueblos indígenas de Belice y Guatemala”, explicó Jorge Meza, oficial Forestal de la FAO.

Ejemplos de avances en gobernanza forestal

El pasado 28 de abril, Colombia reformuló su Pacto Intersectorial por la Madera Legal, que busca asegurar que toda la madera extraída, comercializada y utilizada provenga de fuentes legales.

Setenta representantes del sector público, privado y de la sociedad civil ratificaron su compromiso de reducir la tala y comercio ilegal de la madera. A la fecha, 18 departamentos del país han logrado acuerdos en a favor de la madera legal.

En Perú, tras un amplio proceso de consultas, se aprobó una nueva legislación forestal en 2011 que prevé mayor apoyo para el monitoreo territorial comunitario, conocidas como Veedurías Forestales Comunitarias.

Estas entidades de vigilancia son unidades técnicas de las comunidades indígenas creadas para reforzar la capacidad de los pueblos indígenas para velar por sus derechos de manejo de los recursos forestales.

Guatemala y Honduras han intercambiado experiencias e información sobre trazabilidad forestal e instrumentos legales y técnicos para evitar el comercio ilegal de madera, sentando las bases para una propuesta binacional de cooperación, orientada a coordinar e integrar los esfuerzos en materia de gobernanza forestal para el beneficio de las comunidades.

De igual manera, funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales de Guatemala y Belice están enfrentando juntos la tala ilegal desde 2013 en sus zonas transfronterizas, trabajando con municipalidades fronterizas, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y ambos gobiernos.

En marzo de este año, líderes de los pueblos indígenas del sur de Petén en Guatemala y el sur de Belice estrecharon sus  lazos para revertir la acelerada destrucción del medioambiente, generando la Declaración del Encuentro de Comunidades Indígenas Guatemala-Belice: Territorio, Recursos Naturales y Conocimiento Ancestral.

A comienzos de mayo, la Unión Europea (UE) y la FAO anunciaron una intensificación de sus esfuerzos conjuntos para apoyar a los países productores de maderas tropicales a combatir la tala ilegal, a través del Plan de Acción para la Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés).

El nuevo acuerdo de financiación, por un valor de 30 millones de dólares EEUU, se prolongará hasta 2020.