Hace unas semanas, la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó las violaciones contra la minoría musulmana rohingya de Myanmar.

“Tenemos informes que apuntan a que las fuerzas de seguridad birmanas pueden haber impuesto un castigo colectivo contra una comunidad entera, la minoría musulmana de los rohingya”, ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein.

El texto también reza que el Gobierno de Myanmar está actuando “con estrechez de miras” ante las denuncias diarias de asesinatos, violaciones así como abusos contra la minoría rohingya que recibe diariamente esta organización y que las autoridades birmanas parecen estar ignorando sumariamente.

En 2012, el gobierno de Obama retomó las sanciones económicas contra Birmania, en reconocimiento a las reformas que llevaron a la liberación de cientos de presos políticos y la apertura del proceso electoral a partidos de oposición. En ese momento, los inversionistas sostenibles y las organizaciones de la sociedad civil exigieron la adopción de normas estrictas contra el uso del trabajo forzoso y otros abusos de los derechos humanos.

Pese a esto, el Gobierno continuó la práctica de violencia y otras formas de represión del régimen anterior contra la minoría musulmana Rohingya, cuyo pueblo no es reconocido como ciudadano y se le niega el derecho de voto.

Los accionistas buscan ejercer una presión efectiva sobre las corporaciones de sectores clave -principalmente petróleo, gas, madera, minería y banca- para que dejen de apoyar los regímenes que participan en el genocidio y los crímenes contra la humanidad. La primera resolución de los accionistas sobre la difícil situación de la gente Rohingya, que fue co-presentada por Azzad Asset Management y las Ursuline Sisters of Tildonk.

La resolución pide que Chevron "detenga su relación con el gobierno de Birmania (Myanmar) hasta que ese país termine la violencia sancionada por el estado contra su minoría rohingya". La resolución será votada por los accionistas en la Asamblea General Anual de Chevron en mayo de 2017.

"Al conducir negocios con un gobierno acusado de cometer graves abusos contra los derechos humanos, Chevron ha asumido importantes responsabilidades legales, morales, reputacionales y políticas derivadas de la represión y la violencia birmana contra la gente Rohingya", dijo el presidente de Azzad, Bashar Qasem.