Los expertos pidieron que las vacunas se traten como un bien público mundial para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas. Esta petición se presentó durante un encuentro virtual celebrado el 24 de febrero, que reunió a ambos órganos de ética de la UNESCO junto con el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, y el profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia.

Sachs pidió al Fondo Monetario Internacional que permita a los países en desarrollo recurrir a los Derechos especiales de giro para financiar el desarrollo de vacunas, y añadió que los países desarrollados deberían ser más solidarios y contribuir a la financiación del mecanismo COVAX, la iniciativa de la ONU para la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo.

Mientras que algunos países avanzados han conseguido vacunas suficientes para proteger a toda su población dos, tres o cinco veces, el Sur del planeta se está quedando atrás. Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a las vacunas hasta bien entrado el año 2022. 

El mensaje está claramente direccionado a las farmacéuticas como Pfizer/BioNTech,  Moderna y otras.

“También se necesita aumentar la producción”, dijo Tedros, recordando que el fabricante Sanofi anunció la semana pasada que ponía su infraestructura a disposición de Pfizer/BioNTech, ejemplo que, dijo, deberían seguir otras compañías.

“Pero los fabricantes todavía pueden hacer más: Habiendo recibido una financiación pública sustancial, los animamos a todos a compartir sus datos y tecnología para garantizar un acceso global equitativo a las vacunas”, propuso Tedros.

A ese efecto, las compañías pueden promulgar licencias no exclusivas que permitirían a otros fabricantes crear más vacunas, un mecanismo que se ha empleado anteriormente para ampliar el acceso a los tratamientos contra el HIV y la hepatitis C.

“Este intercambio de conocimientos y datos podría permitir el uso inmediato de la capacidad de producción sin explotar y ayudar a construir bases de fabricación adicionales, especialmente en África, Asia y América Latina”, agregó Tedros.

El Comité y la Comisión también subrayan la responsabilidad de la industria farmacéutica de invertir en fábricas capaces de producir vacunas de la mayor eficacia posible y facilitar su rápida distribución allí donde sea necesario.

En segundo lugar, ambas entidades afirman que el beneficio de la vacuna para el mayor número de personas no puede considerarse el único criterio ético. También deben tenerse en cuenta la igualdad, la equidad, la protección de la vulnerabilidad, la reciprocidad y el interés superior de los niños.

Además, las decisiones sobre la distribución justa y la priorización deben basarse en el asesoramiento de un grupo multidisciplinar de expertos en bioética, derecho, economía y sociología, junto con científicos.