Con 161 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra, la Asamblea General adoptó este jueves una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal.

El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.

Asímismo reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.

Luego de conocerse la noticia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, se congratuló de la adopción de esta "resolución histórica" y dijo que este hito demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En un comunicadio expresó: "La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas".

Añadió que la resolución también ayudará a los Estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medio ambiente y derechos humanos.

"La comunidad internacional ha dado un reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos", afirmó.

Guterres subrayó, sin embargo, que la adopción de la resolución "es sólo el principio" e instó a las naciones a hacer de este derecho recién reconocido "una realidad para todos, en todas partes".

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, celebró la decisión de la Asamblea y se hizo eco del llamamiento del Secretario General para que se tomen medidas urgentes para aplicarla.

"Hoy es un momento histórico, pero no basta con afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales e intensificar sus esfuerzos para hacerlo realidad. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales, si no trabajamos juntos para evitarlas colectivamente ahora", indicó.

Bachelet explicó que la acción medioambiental basada en las obligaciones de los derechos humanos proporciona unos límites vitales para las políticas económicas y los modelos empresariales.

La resolución "hace hincapié en el apuntalamiento de las obligaciones legales de actuar (en favor del medio ambiente), en lugar de permitir que sea simplemente una política discrecional. También es más eficaz, legítima y sostenible", añadió.

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por parte la Asamblea General y de otros foros de la ONU, aunque no es jurídicamente vinculante -lo que significa que los países no tienen la obligación legal de cumplirlo-, será un catalizador para la actuación en favor de un medio ambiente sano y limpio y capacitará a los ciudadanos de a pie para exigir responsabilidades a sus gobiernos.

Como mencionó el Secretario General de la ONU, el derecho recién reconocido será crucial para hacer frente a la triple crisis planetaria, haciendo referencia a las tres principales amenazas medioambientales interrelacionadas a las que se enfrenta actualmente la humanidad: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, todas ellas mencionadas en el texto de la resolución.

Los ocho Estados que se opusieron fueron: China, Rusia, Bielorusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía.