El pleno adoptó su posición sobre la propuesta de reglamento de la Comisión sobre productos libres de deforestación con 453 votos a favor, 57 en contra y 123 abstenciones.

La nueva ley obligaría a las empresas a verificar («diligencia debida») que los productos vendidos en la UE no han sido producidos en tierras deforestadas o degradadas en ningún lugar del mundo. Esto garantizaría a los consumidores que los productos que compran no contribuyen a la destrucción de los bosques, incluidos los bosques tropicales irremplazables, y por tanto reduciría la contribución de la UE al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.

Los eurodiputados también quieren que las empresas verifiquen que los productos se producen de acuerdo con las disposiciones sobre derechos humanos del derecho internacional y respetando los derechos de los pueblos indígenas.

La propuesta de la Comisión incluye el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado o se hayan fabricado con estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles). El Parlamento propone añadir la carne de cerdo, oveja y cabra, las aves de corral, el maíz y el caucho, así como el carbón vegetal y los productos de papel impreso. Los eurodiputados también insisten en que los productos no deben haber sido producidos en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2019, un año antes de lo propuesto por la Comisión.

El Parlamento apuesta, asimismo, por imponer requisitos específicos a las instituciones financieras para garantizar que sus actividades no contribuyen a la deforestación.

Aunque no se prohibirá ningún país o mercancía, las empresas que comercialicen productos en el mercado de la UE estarán obligadas a ejercer la diligencia debida para evaluar los riesgos en su cadena de suministro. Podrán, por ejemplo, utilizar herramientas de seguimiento por satélite, auditorías sobre el terreno, capacitación de los proveedores o pruebas isotópicas para comprobar la procedencia de los productos. Las autoridades de la UE tendrían acceso a la información pertinente, como las coordenadas geográficas. Los datos anonimizados estarían a disposición del público.

Sobre la base de una evaluación transparente, la Comisión tendría que clasificar los países, o parte de ellos, en riesgo bajo, estándar o alto, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este reglamento. Los productos de los países de bajo riesgo estarán sujetos a menos obligaciones.

“Nos tomamos en serio la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Conscientes de que la UE es responsable de alrededor del 10% de la deforestación mundial, no tenemos más remedio que redoblar nuestros esfuerzos para detener la deforestación mundial. Si conseguimos el equilibrio adecuado entre ambición, aplicabilidad y compatibilidad con la OMC, esta nueva herramienta tiene el potencial de allanar el camino hacia unas cadenas de suministro sin deforestación”, manifestó Christophe Hansen (PPE, Luxemburgo).