Las nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la UE, de todos los sectores, incluido el financiero, con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros. Las empresas no europeas con una facturación que rebase los 150 millones de euros, con al menos 40 millones generados en la UE, también quedará cubiertas.

Las compañías estarán obligadas a identificar, y en caso necesario prevenir, interrumpir o mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Entre otros efectos, la legislación busca evitar el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad. También tendrán que vigilar y evaluar los efectos causados por sus socios en la cadena de valor, lo que incluye no sólo a los suministradores, sino también a los encargados de ventas, distribución, transporte, almacenamiento, gestión de residuos y otros ámbitos.

“El apoyo del Parlamento Europeo es un punto de inflexión en cómo miramos al papel de las empresas en la sociedad. Una ley sobre responsabilidad corporativa debe garantizar que el futuro es de las compañías que tratan a las personas y el medio ambiente de manera saludable –no de aquellas que basan sus ingresos en dañar al medio ambiente y en la explotación. La mayoría de las empresas se toman estas responsabilidades en serio. Vamos a ayudarles con esta legislación y a hacer la vida más difícil a las que esquivan las reglas”, señaló Lara Wolters (S&D, Países Bajos) tras la votación en el pleno.

Deber de diligencia de los directivos y compromiso de las empresas con sus accionistas

Las empresas tendrán que desarrollar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5°C y en caso de aquellas con más de 1.000 empleados, cumplir el citado plan tendrá repercusión en la parte variable de la remuneración de los ejecutivos.

La propuesta también requiere a las empresas a tomar medidas respecto a los afectados por su actividad, incluidos los activistas de derechos humanos y medioambientales, introducir un mecanismo de reclamaciones y vigilar de manera regular la efectividad de la política de diligencia debida. También deberán facilitar información sobre esta política a los inversores, mediante su publicación en el punto de acceso único europeo (ESAP).

Sanciones y supervisión

Las compañías que no respeten las reglas podrán enfrentar sanciones, que impondrán los supervisores nacionales. Estas podrán oscilar desde hacer pública la infracción, retirar sus productos del mercado a multas de al menos el 5% de su facturación global. Las empresas infractoras no europeas quedarán excluidas del mercado de contratación pública de la UE.

Las normas se aplicarán en el plazo de tres o cuatro años en función del tamaño y la facturación de las compañías. Las empresas más pequeñas podrán retrasar la aplicación un año más.

La posición que defenderá el Parlamento en las negociaciones con los Estados miembros salió adelante con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones.