¿Cuáles fueron los principales aportes y conclusiones que dejó el VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos?

Este año el foco de la discusión estuvo en el aspecto ambiental de la agenda de Empresas y Derechos Humanos, y en cómo convergen estas dos agendas. Incluyendo, por ejemplo, cómo la Conducta Empresarial Responsable tendría que abordar las cuestiones relacionadas a los impactos ambientales, y sobre todo para la región de América Latina, con una mirada especial al tema de Escazú, que era una de las cuestiones pendientes en cuanto a la materialización del Acuerdo.

Porque si bien ya está ratificado por gran parte de los Estados, todavía en algunos no se ha dado.Y hay una discusión desde las partes interesadas sobre la relevancia que tiene el Acuerdo, y también cuál es la intersección del miso con los instrumentos internacionales.

Creo que fue muy interesante poder revisar también avances más a nivel sectorial, en sectores clave de la economía como son el extractivo, minero, energético, y también el agrícola. Porque hasta ahora los foros tal vez habían sido discusiones desde un plano más amplio. Pero en este caso ya tuvimos discusiones más técnicas y más sectoriales aterrizadas, por ejemplo, a qué tipo de retos ambientales se presentan en el sector agrícola con relación a la deforestación, a la conservación de la biodiversidad. O también en el sector extractivo con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a la agenda climática. Y, en general, a poder debatir cómo está la convergencia entre los Principios Rectores, las Directrices de la OCDE, la Declaración Tripartita de la OIT, y otros instrumentos internacionales en materia ambiental, incluyendo el propio Acuerdo de Escazú, y cómo pueden potenciarse mutuamente para reforzar la Conducta Empresarial Responsable y acompañar a las partes interesadas.

Hubo también un gran foco en los impactos sobre los pueblos indígenas, especialmente de la actividad extractiva, siendo además el tema ambiental una de las prioridades que tiene la agenda de los pueblos indígenas en la región. Además, se discutió mucho cómo debería darse la debida diligencia reforzada con relación al respeto y protección de pueblos indígenas.

¿Cuáles son los aspectos clave de la actualización 2023 de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, de la cual hubo hace poco una traducción al español?

Antes que nada destaco que el lanzamiento de esa traducción para la región de América Latina se hizo en el marco del Foro este año, pensando justamente en la relevancia que ha tenido el tema ambiental en esta actualización.

Podríamos decir que una de los principales ajustes que se han hecho es el capítulo sexto, relacionado con el medio ambiente. Pero que también ha impactado de manera transversal en otras áreas o capítulos de las Directrices. En ese sentido, empezaría por la parte ambiental, donde una de las grandes novedades es que hoy en día es el principal instrumento a nivel internacional, y el único que recoge el tema climático desde la responsabilidad de las empresas. Porque hasta ahora los instrumentos o acuerdos internacionales, incluyendo el de París, mencionan la responsabilidad de los gobiernos. Pero ahora las Directrices son las primeras que hacen también un llamado a la empresa. Por ejemplo, de cómo mitigar los efectos climáticos a través de la debida diligencia, y abordar también los riesgos relacionados con el clima y la transición justa. Esa considero que es una de las inclusiones más novedosas y más interesantes, y muy alineada además con acuerdos regionales.

Por otra parte, también se hace mucho más explícita esta mención a la debida diligencia reforzada que mencionaba. Especialmente con respecto a pueblos indígenas, a defensores de derechos humanos, a defensores ambientales. Porque en la edición de 2011 esto no salía de manera tan focalizada. Y se reconoce que estos grupos tienen un especial riesgo, y es por eso que debería realizarse una debida diligencia reforzada para dar la protección especial de esos derechos.

También un tema novedoso es la inclusión sobre las nuevas tecnologías, incluyendo el uso de inteligencia artificial, de la protección del uso de datos personales, dinámicas que en la última década se empezaron a desarrollar y que pueden tener un impacto en derechos asociados a la forma en que las empresas desarrollan nuevas tecnologías o en la manera en que las comercializan. Ahí se hace un llamado a usar la debida diligencia frente al uso de nueva información y nuevas tecnologías.

También hay algunas cuestiones relevantes que tienen que ver con la expansión de la debida diligencia para cuestiones relacionadas con la lucha frente a la corrupción. Hay consideraciones especiales para las empresas, incluyendo la manera en que se hace el lobby. Porque no se dice que el lobby empresarial sea malo, sino que debe haber unas formas en que se pueda realizar este lobby de una manera transparente, que sea ecuánime y respetuosa de los derechos, no vulnerando derechos de grupos especialmente protegidos

Por otra parte, también se refuerza el concepto de debida diligencia. Ya no hay ninguna duda en que esta es una expectativa que llega a toda la cadena de suministro, mucho más allá del primer nivel. Es decir, a la relación contractual directa de las empresas. Y se incluye a todos los proveedores, subproveedores, contratistas, subcontratistas, e incluso se habla del servicio o producto final. Hoy en día esa responsabilidad se extiende a lo largo de toda la cadena de suministro, y ya no puede ser una excusa para ninguna empresa el solo manifestar que sus operaciones están libres de impactos adversos, cuando puede ser que ellos existan a través de su cadena de valor.

Por eso, se ha reafirmado el proceso de las seis etapas de debida diligencia, pero haciendo mucho énfasis en que debe siempre extenderse. Incluso se ha hecho una aclaración frente a qué entendemos por actividad multinacional o de empresas multinacionales, entendiendo que puede haber distintas acepciones. Y que incluso, por ejemplo, las pymes pueden operar como multinacionales en muchos casos para efectos de aplicar a las expectativas de las directrices.

Por otro lado, también se ha manifestado que el impacto o la gravedad de las cuestiones relacionadas con los distintos ámbitos de las Directrices varía según el tipo de empresa, o el tipo de sector. Y que se debería ajustar a las condiciones particulares de una empresa, e incluso entendiendo que en muchos casos las pymes que están en la parte baja de las cadenas de suministro pueden verse afectadas de manera desproporcional. Y esa desproporción tiene que ser abordada también por la industria y proveer mecanismos de apoyo a las pymes para poder abordar estas expectativas.

¿Qué oportunidades y desafíos observa para América Latina y el Caribe en materia de Derechos Humanos y Empresas?

Lo primero es esa mirada más integral a la debida diligencia. Creo que nos hemos enfocado mucho en los impactos más graves sobre los derechos humanos. Y ese es un mensaje que correctamente ha bajado desde los Principios Rectores.

Hoy en día sabemos que América Latina, si bien es una de las regiones que menos aporta en el sentido de emisiones o de impactos frente al cambio climático, es una de las regiones que está más afectada por estas externalidades. Y por eso también el llamado a que las empresas que operan en la región miren especialmente estas cuestiones de impactos climáticos adversos, incluyendo a través de sus propios proveedores. En ese mismo sentido la región es una de las más ricas en cuestiones de biodiversidad, pero es una de las que tiene más conflictos asociados al sector extractivo por el uso indebido de recursos naturales o la sobreexplotación, o porque estos proyectos se lleven a cabo en áreas protegidas, o que están colindando con áreas de especial reserva para pueblos y minorías.

Por ello, creo que las cuestiones ambientales deberían ser hoy también una prioridad para la región. Y seguramente por eso se están dando todas las discusiones alrededor de Escazú. Pero más allá de Escazú, un gran reto es abordar esa integralidad de la debida diligencia. Incluso con respecto a las cuestiones ambientales. Y esto tiene que ver mucho con los impactos externos que se están generando a través de la regulación, sobre todo este año que ya entró en vigor el reglamento de productos libres de deforestación de la Unión Europea, que ya ha generado un impacto en el sector agrícola, en muchos productos que son claves además para las exportaciones de la región. Esa es una cuestión en la que tenemos que avanzar mucho, y sobre todo con las pymes, que no pueden ser ajenas a la agenda. Sobre todo en la región de América Latina donde representan el 99% del ecosistema empresarial. Ahí es donde necesitamos apalancar mucho el trabajo desde la industria. Y por supuesto buscando un trabajo articulado, reforzando el apoyo desde los gobiernos.

Y ya pasando a la parte más operativa de la debida diligencia, vemos que todavía hay unos rezagos desde el compromiso a la acción. Recientemente actualizamos una encuesta, que todavía no la tenemos lista para publicación, pero sí encontramos algunos datos interesantes. Y es que por ejemplo la mayoría de las empresas de América Latina tiene ya compromisos desde los códigos de conducta, de los códigos corporativos, o desde las políticas corporativas, frente a los ámbitos de la Conducta Empresarial Responsable. Esto puede ser a través de un estatuto para el respeto de derechos humanos, o un Código de Conducta para la empresa. Pero más del 70% de las empresas que tienen este tipo de políticas corporativas se reduce significativamente cuando empezamos a preguntar por la puesta en práctica de esos compromisos, y especialmente a través de los procesos de debida diligencia. Y vemos que menos de la mitad de las empresas están llevando este análisis de riesgos más allá del nivel uno en sus cadenas de suministro, con un porcentaje muy inferior en el sector agrícola con respecto al sector extractivo. Y en las pymes menos del 20% está llevando a cabo este análisis de riesgos. Entonces creo que ahí es donde está la brecha más grande, y donde hay que pasar del compromiso a la acción. Y especialmente que se conozca más, se sensibilice con las empresas sobre lo que significa el proceso de debida diligencia a través de las seis etapas. Y un punto clave allí es el análisis y el mapeo de riesgos a lo largo de la cadena de suministro, que es donde está el “core” y la parte más compleja de la aproximación a la debida diligencia.

¿Cuál es su opinión con respecto a los avances regulatorios en debida diligencia en la Unión Europea y cómo cree que impactan en la región?

A comienzos de 2022, cuando ya se formaliza el borrador de la Directiva de la Unión Europea sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa, es que empieza a generarse una preocupación generalizada, tanto a nivel de empresas sobre lo que va a significar frente a las exigencias del mercado, como de los propios gobiernos sobre qué puede significar para el comercio.

Y avanzaron de una manera rápida las discusiones, mucho más de lo que esperábamos a nivel de Comisión Europea, Parlamento Europeo, y Consejo Europeo, llegando ya casi que a este punto final en donde existe un borrador que está en discusión tripartita y que probablemente entre en vigor a finales de este año o comienzos del próximo, con un periodo de adaptación que puede ser de uno a tres años, pero que es una realidad.

Y la región se chocó con esa realidad. Porque por más que el marco jurídico de mi país no lo exija explícitamente, va a empezar esa reglamentación externa a impactar en la operación de mis propias empresas o de las empresas que operan en mi país. Porque van a tener que exigirle a sus proveedores y contratistas que cumplan con esas mismas condiciones comerciales.

Y eso es lo que ya empezamos a ver con el reglamento de productos libres de deforestación. Y también con el que entró en vigencia este año, que es la Directiva sobre Reportes Corporativos, que será la antesala de la Directiva que ya entra a exigir sobre debida diligencia obligatoria. Por eso es algo que ya está impactando.

Hay preocupaciones incluso desde los organismos internacionales sobre qué va a significar esto, por ejemplo para las pymes. Qué va a significar para sectores como el agrícola, que en gran medida son sectores con cadenas muy informales, que además se dan en entornos sociales complejos, en zonas geográficas de baja presencia institucional, o debilidad en cuanto a la presencia de instituciones en muchos casos, y de un bajo acompañamiento muchas veces también a nivel de industria.

Son retos que ya hemos empezado a dialogar con algunas cadenas de suministro específicas y también con sectores clave de la economía, incluyendo al sector extractivo para la producción de minerales, que van a ser claves en la transición energética, que es otra de las cuestiones que está llegando vía mercado y vía inversión extranjera. Aquí vemos todavía un camino por delante.

Pero también el hecho de que ya está la preocupación en la mesa de los gobiernos y en la mesa de las empresas, que nos ha llevado a elevar un poco más la discusión sobre la necesidad de incorporar estas prácticas de manera más agregada, que ya no sea una discusión nacional sino idealmente una discusión regional, de revisar en dónde están los cuellos de botella, y de quizás pedir algunas consideraciones frente al mercado.

Y la progresión que se necesita en América Latina, en donde una pyme latinoamericana no es la misma pyme alemana o francesa que puede tener más de 1000 empleados. Por eso hay que considerar esos factores geográficos, sociales y económicos que tiene nuestra región para empezar progresivamente a cumplir. Pero que ese cumplimiento tenga en consideración también esas diferencias con respecto a la gran empresa multinacional europea, que es la que va a tener que responder directamente frente a esa regulación emergente.

¿En qué están trabajando a futuro?

Estamos trabajando mucho más a fondo con el tema sectorial de debida diligencia para los sectores agrícola y extractivo. Ya contamos con dos manuales que se lanzaron hace poco, uno con la FAO para cadenas libres de deforestación en el sector agrícola, y otro manual de debida diligencia ambiental para el sector minero. Por ahora están aplicados a nivel global, pero para el próximo año los vamos a lanzar también en portugués y en español. La idea es acercarnos más a estos sectores productivos, que son los principales sectores de la economía latinoamericana en todos los países, y  son los que tienen que acoplar de alguna manera más urgente estas prácticas, para que se vayan familiarizando con lo que es la debida diligencia, sobre todo con ese foco ambiental.

Pero también hago un llamado a los gobiernos. Porque necesitamos que se acople esto desde las políticas públicas. Ya no son suficientes los Planes Nacionales de Acción. Esa es una hoja de ruta muy importante pero que necesita robustecerse con políticas sectoriales, con programas sectoriales, con apoyo para las pymes, con programas mucho más focalizados en apoyar los trabajos de debida diligencia. Y ahí sin duda tiene que haber un trabajo articulado desde los gobiernos, de buscar una mayor coherencia en las políticas públicas. Porque ya no es solo un tema de derechos humanos, sino de involucrar también a los ministerios estratégicos de Ambiente, de Minería, Agricultura, Trabajo.

Es una mirada mucho más holística a lo que es la Conducta Empresarial Responsable. Y ese doble llamado a gobiernos y a las empresas a trabajar de manera articulada para que seamos una región que aproveche esto como una oportunidad para generar mayor competitividad. Y no que sea una barrera frente a otros comercios que están creciendo a nivel global.