Los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024, elaborado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) y, aplicado a los 20 países más emisores de la región de América Latina y el Caribe, muestra que en conjunto los países mantienen una dependencia a los ingresos y egresos intensivos en carbono, frente a ingresos y egresos para combatir el cambio climático, lo que representa una barrera para aumentar la ambición en materia de cambio climático.

Si bien países como Guatemala con una puntuación de 2.6 de 4.0 puntos en el IFS, muestra un incremento en la asignación de presupuestos asociados a la atención del cambio climático, otros como México incrementaron sus ingresos y egresos asociados a la venta y producción de combustibles fósiles. En conjunto estos 20 países recibieron 19 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono que por financiamiento climático, mientras que sus presupuestos intensivos en carbono superan 12 veces a los sostenibles.

Estos resultados refuerzan la necesidad de desacoplar las economías de actividades intensivas en carbono si se desea hacer frente a la crisis climática. “Es imperativo que los gobiernos motiven la transición hacia finanzas más sostenibles que permitan financiar y aumentar la ambición de medidas como las integradas en las contribuciones nacionalmente determinadas. Sin embargo, no será solo una tarea nacional, sino también será imperativo insistir en la aprobación de un objetivo ambicioso en materia de financiamiento climático internacional en la COP 29, que incentive dichos esfuerzos nacionales”, afirmó Sandra Guzmán, directora general de GFLAC.

Como conclusión, el Informe indica que los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, para lo cual necesitarán transformaciones nacionales, pero también apoyo internacional. Para lograrlo, deben implementar reformas presupuestales, y fiscales que promuevan el uso de energías limpias, incentiven la eficiencia energética, permitan la adaptación a los impactos negativos del cambio climático y desincentiven las actividades contaminantes. Además, los países proveedores de financiamiento, las instituciones financieras y bancos de desarrollo deben asumir un papel protagónico en la financiación de proyectos sostenibles, facilitando el acceso directo a capital para aquellos sectores que más lo necesitan.