Por si fuera poco, el 80% de dichos empresarios tampoco revela conocimientos acerca de las iniciativas voluntarias para combatir específicamente el soborno, como es el caso de las directrices de la OCDE contra el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de Transparencia Internacional para contrarrestar el soborno, o incluso la norma ISO 370001.

Así se desprende del primer estudio latinoamericano “Estado de las prácticas empresariales contra el soborno”, en cuya realización participaron la Universidad de Belgrano y la Universidad Nacional de Villa María, por Argentina, desde las que se consultaron a directivos de 382 empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. A escala regional, también participaron el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre y las universidades Autónoma de Chihuahua y CETYS de México, Andrés Bello de Chile, del Pacífico de Perú, del Valle de Guatemala y Externado de Colombia, la escuela de negocios ESPOL de Ecuador, las iniciativas de la ONU Pacto Global y Principios para una Educación Responsable en Gestión, y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

Lo notable del desconocimiento de las normas voluntarias anticorrupción y antisoborno en la Argentina es que resulta superior al de las empresas del resto de la región, que ronda el 49% para los mecanismos voluntarios anticorrupción (en Chile, el de mejor registro, es de 40%) y el 63% para las iniciativas voluntarias contra el soborno (en el país trasandino dicho desconocimiento llega a 53%).

En el mismo sentido, el 63% de los empresarios argentinos considera que en el sector de negocios al que pertenece se ofrecen sobornos. Otro dato que llama la atención es que sólo el 32% de las empresas argentinas cuyos directivos fueron consultados para la concreción del estudio manifiesta contar con un código de ética o conducta. Por el contrario, el promedio de la región es de 59% y en Perú llega al 75%. En el mismo sentido, el 43% de las empresas argentinas no lleva a cabo ninguna iniciativa para prevenir el ofrecimiento o la recepción de sobornos en sus actividades comerciales, cuando en la región sólo el 20% de las compañías está en esa condición.

En paralelo, cerca del 70% de las empresas argentinas ni siquiera evalúa los riesgos potenciales de soborno en el ejercicio de sus operaciones de gestión, versus el 46% en la región que tampoco lo hace. Incluso, en la Argentina, el 51% no tiene establecido ningún tipo de sanción para los directivos o empleados que pudieran incurrir en esta clase de prácticas adversas para sus propias organizaciones. A escala regional, la ausencia de sanciones es moneda corriente en el 37% de las empresas.

Griselda Lassaga, directora académica del programa de Doble Diploma de la Escuela de Posgrado en Negocios de la Universidad de Belgrano y coautora del informe, concluye que el estudio “revela una clara crisis de valores institucionales, que reflejan una alarmante realidad”. Añade que “las empresas argentinas combaten la corrupción en mayor medida por coerción y no por libre albedrio”, y que sus esfuerzos en ese sentido “son tanto aislados como desarticulados”.