La ley incorporará a la legislación los "Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas", conocidos como "Principios Ruggie" y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y, de aprobarse, obligará a las empresas con sede en Alemania a garantizar que se respeten los derechos humanos y las normas ambientales  en  la totalidad de su cadena de suministro. Podría entrar en vigor recién en 2023 y en un primer momento abarcará a las empresas con más de 3000 empleados, y a partir de 2024 incluirá también a las de más de 1000 trabajadores.

Un punto en controversia es que los subcontratistas de otros países tendrán que cumplir las mismas normas, aunque los proveedores indirectos sólo serán examinados si se plantean problemas. Esto haría que las empresas alemanas sean responsables de los abusos que se producen en sus cadenas de suministro. Si no remedian estas infracciones, los sindicatos y las ONG podrían llevar a las empresas a juicio en Alemania en nombre de las víctimas.

Las empresas podrán limitar su responsabilidad si implementan normas industriales aprobadas por el gobierno, llamadas disposiciones de “Puerto seguro” (Safe Harbour). Los sindicatos alemanes sostienen que un requisito mínimo para la condición de Puerto seguro sería que la empresa firme un acuerdo marco global (AMG) con la federación sindical pertinente.

"Las empresas de aquí se benefician del trabajo en otras partes del mundo. Por eso son responsables de garantizar que se respeten los derechos humanos a lo largo de su cadena de suministro", dijo el Ministro de Trabajo, Hubertus Heil del Partido Socialdemócrata (SPD) quien a la vez destacó que una revisión de un plan de acción nacional para los derechos humanos en la producción industrial realizada el año pasado había encontrado que solo uno de cada cinco empresas importantes ya cumple con las normas voluntarias.

Aunque el proyecto de ley aún no se ha publicado, los ministros anunciaron algunos detalles en una conferencia de prensa del 12 de febrero.

Al comentar el anuncio del gobierno, Miriam Saage-Maass, subdirectora legal y jefa del programa de "Empresas y Derechos Humanos del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos" (ECCHR) dijo: "Con este compromiso, el gobierno alemán finalmente está dando un paso que debería haber dado hace mucho tiempo, para proteger los derechos humanos en las cadenas de suministro globales. Pero la ley de diligencia debida anunciada debe mejorarse".

"Somos escépticos sobre el hecho de que la ley inicialmente solo se aplica a las grandes empresas con 3000, luego 1000 empleados. Las pequeñas y medianas empresas, especialmente las de sectores de alto riesgo como la industria textil, necesitan urgentemente ser requeridas para proteger los derechos humanos", agregó Saage-Maass. 

La visión de las empresas

La ley cubrirá a las principales empresas que dependen de la importación de materias primas y bienes intermedios para la producción en Alemania, incluidos los productores de café y los minoristas de textiles, pero también los fabricantes de productos más complejos como los coches eléctricos o las instalaciones de energía renovable.

Un importante punto de fricción durante las negociaciones al que se había opuesto particularmente el Ministerio de Economía fue la idea de ampliar la responsabilidad de las empresas por medio del derecho civil, que finalmente no se incluyó en el borrador. "Esto evitará que las empresas abandonen regiones comerciales difíciles debido al alcance poco claro de la ley y la posible responsabilidad de recurrir", dijo el Ministerio de Economía. El gobierno alemán dijo que se esforzará por lograr pronto una posición europea común, y agregó que su nueva ley acordada podría sentar un precedente importante y "mostrar lo que se puede esperar razonablemente de las empresas".

Las asociaciones de la industria han criticado el borrador por imponer obstáculos a las empresas alemanas que compiten en los mercados internacionales.

Las asociaciones de la industria química BAVC y VCI, por caso, criticaron la ley propuesta por "ir en la dirección equivocada". Las asociaciones dijeron que un "intento en solitario" por parte del gobierno alemán conduciría en última instancia a un "mosaico" legal, argumentando que solo una ley global o al menos de enfoque europeo es adecuado para abordar la violación de los estándares en la cadena de suministro.

La Federación de Industrias Alemanas (BDI) dijo que la ley propuesta claramente presionaría a las empresas para que hagan más transparentes sus cadenas de producción, pero advirtió que esto podría sobrepasar las capacidades de algunas empresas, especialmente si estas actúan como proveedores.

- Antecedentes en Europa

 En 2017, Francia se convirtió en el primer país en aprobar una ley nacional basada en los principios rectores de las Naciones Unidas. 

Los Países Bajos adoptaron una ley sobre el trabajo infantil en 2019. 

El Reino Unido cuenta con una Ley de esclavitud moderna.