Según el informe anual Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono en 2017 (State and Trends of Carbon Pricing 2017), las iniciativas de fijación del precio del carbono aumentaron un 7 % en comparación con 2016, alcanzando los US$ 52000 millones.

El informe identificó la puesta en marcha de ocho iniciativas desde principios de 2016. En primera instancia, Chile y Colombia comenzaron a aplicar impuestos sobre el carbono; por otro lado, tres provincias canadienses (Alberta, Columbia Británica y Ontario) y el estado de Washington, de los Estados Unidos, establecieron mecanismos de fijación del precio del carbono. Por su parte, México ha iniciado un ejercicio de simulación del comercio de derechos de emisión para concientizar sobre la fijación del precio del carbono para aplicarlo de manera piloto en 2018, al igual que China, que se está preparando para el inicio de su régimen nacional de comercio de derechos de emisión. En total, el informe expone 42 jurisdicciones nacionales y 25 subnacionales que ya han establecido un precio para las emisiones de carbono.

Los países Colombia, Chile y Canadá recaudaron ingresos en este rubro por más de US$ 20000 millones, por segundo año consecutivo, con un potencial de recaudar más si los mecanismos de fijación del precio del carbono existentes adoptaran precios congruentes con las metas relativas a la temperatura establecidas en el Acuerdo de París. Ya que, más allá de la señales positivas, el informe indica que el 85 % de las emisiones aún no están alcanzadas en los mecanismos de fijación del precio del carbono, y que la mayoría de los precios actuales son considerablemente inferiores a los USD 40-80/tCO2 para 2020 y a los USD 50-100/tCO2 para 2030, que serían adecuados con lo planteado en el Acuerdo.

Según sus palabras, Jonh Roome, - Director superior del Área de Soluciones Transversales en materia de Cambio Climático del Banco Mundial. -, un precio del carbono adecuado es parte indispensable de una estrategia para reducir de manera eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, promover el crecimiento.

Pero más allá de los avances, Roome, resaltó que deben acelerarse las medidas encaminadas a ampliar el alcance de los mecanismos de fijación del precio del carbono y a incrementar los precios para que tengan un mayor impacto.

Otra de las conclusiones, presentada en el informe, estima que de aquí a 2030 se precisarán otros US$ 700 000 millones anuales para financiar la transición a economías con bajas emisiones de carbono. Para ello insta a un planteamiento integrado entre las políticas nacionales centradas en el clima con la fijación del precio del carbono, en un marco de cooperación internacional a través de financiamiento para el clima aportado por donantes y nuevos mercados climáticos, con el objetivo de movilizar recursos a mayor velocidad y en el alcance necesario para lograr un crecimiento con bajas emisiones de carbono y también fomentar el empleo.

En la misma línea, se apunta a que las políticas a nivel nacional deben propiciar una mayor inversión del sector privado. También destaca la importancia del financiamiento internacional para el clima y que podría destinarse para lograr más rápidamente la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y así promover el desarrollo de mercados climáticos.

El informe fue preparado con el apoyo técnico de Ecofys y Vivid Economics y fue publicado antes de las sesiones de COP 23 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizó en Bonn.