El gobierno cree que aún es necesario remover algunas barreras que limitan el acceso y uso de productos y servicios financieros por parte de las personas y empresas, y limitan así los beneficios que se derivan de la inclusión financiera. La nueva  estrategia  propone continuar avanzando con la ampliación de la cobertura en educación financiera de tal forma que al 2022 el 85% de la población adulta cuente con al menos un producto financiero formal. 

El documento contempla 11 líneas de acción que van desde iniciativas de educación, pasando por mayor control y transparencia, hasta mejoras en operaciones digitales para hacer más incluyentes a las Fintech.

Con respecto al uso de nuevas tecnologías, el plan cuenta con un pacto por la transformación digital que tiene entre sus objetivos proveer a la población el acceso a las habilidades digitales básicas, así como herramientas, aplicaciones y contenidos que les permitan hacer uso productivo del entorno digital para solucionar sus problemas, generar ingresos y desarrollar sus actividades diarias además de promover la transformación digital del sector productivo. 

La industria Fintech surge como una alternativa para aumentar la inclusión financiera, sin embargo, aun representa retos regulatorios para el país. Con 148 Fintech en 2018, Colombia es el tercer país de América Latina después de México (273) y Brasil (380)  número de Fintech constituidas, y el quinto país que más invierte en Fintech en la región, con USD 11 millones en 2016. 

La falta de acceso a financiamiento de las MiPymes constituye una forma de exclusión de los servicios financieros. El 41% de las Pymes citó el acceso a la financiación como uno de sus problemas más importante, algunos de ellos porque no cuentan con garantías, que para algunos préstamos pueden ser hasta del 170% del monto del préstamo. 

Por otra parte, en Colombia la mayor parte de los pagos se realiza en efectivo. Solo el 9.7% de los pagos  de las personas y el 50% de los pagos de las empresas son electrónicos. Sin embargo, en el caso de los microempresarios, más del 70% de los utiliza efectivo para realizar pagos de servicios públicos, arriendo, pago a proveedores y pago a ayudantes y empleados a pesar de que ello implique costos de desplazamiento, seguridad y almacenamiento.

 La Encuesta de Medición de Capacidades Financiera de la CAF de 2019 identifica que el 33% de los mayores de 18 años percibe que su conocimiento general sobre los asuntos financieros en comparación con otros adultos es más bajo del promedio. En zonas rurales este porcentaje asciende a 41%, superior al 30% del área urbana. 

El país no cuenta con lineamientos claros estandarizados que permita orientar la oferta de programas de Educación Económica y Financiera. El Banco de la República en 2018 identificó 257 iniciativas entre las que se destaca el rol de las aseguradoras y los bancos como las principales entidades privadas en promover programas de educación económica y financiera no formal. 

El nuevo plan propone implementar un sello de calidad como en el marco de una estrategia mayor para hacer seguimiento a los programas de educación financiera de las entidades vigiladas por la superintendencia financiera.