El Gobierno tiene una cadena de suministro con gastos por $ 400 mil millones por año por lo que el impacto de esta norma será significativo.

El Consejo Federal de Regulación de Adquisiciones abrió a consulta pública la norma que impulsa una mayor divulgación en la cadena de suministro del Gobierno Federal. Si esta norma es aprobada los contratistas y proveedores deberán dar a conocer públicamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, sus objetivos y metas de reducción de emisiones y el análisis de riesgos relacionados con el clima.

Esta información permitirá al Gobierno Norteamericano evaluar mejor a sus proveedores y tomar decisiones de compra basadas en buenas prácticas ambientales.

Las agencias federales individuales han comenzado a gestionar sus cadenas de suministro de esta manera. Por ejemplo, el mes pasado, el Departamento de la Marina pidió a sus 100 proveedores más grandes publicar reportes de sus emisiones de gases de efecto invernadero y sus estrategias de reducción. En 2014, la Administración de Servicios Generales de EE.UU. introdujo el criterio de las emisiones en la adjudicación de contratos de servicios de entrega nacionales, tanto para los envíos aéreos y terrestres.

El Gobierno sostiene que existen importantes instituciones que están demandando mayor transparencia en temas ambientales, como los inversores, aseguradoras y el Consejo de Estabilidad Financiera.