El punto de partida del debate, recogido en el documento “Políticas públicas y RSC: propuestas de políticas públicas para el fomento de la responsabilidad social”, era que los aspectos de la responsabilidad social deben ser considerados de interés público y no exclusivamente privado ya que las decisiones sobre el uso, consumo y deterioro del capital natural, social y humano, afectan a toda la sociedad presente y venidera. Por tanto, debe ser la sociedad, a través de sus representantes públicos, quien decida los límites al uso de dichos recursos y las cuestiones básicas de RSC que deben garantizarse desde los poderes políticos públicos.

El debate giró en torno a 4 ejes:

1. Integración de la RSC en los diversos marcos regulatorios. La RSC se tiene que inducir y legislar, aspecto que coinciden todos los partidos aunque con matices. Podemos está a favor de una regulación legal de la RSC, entendida como un sello de calidad e informan que lo llevarán en su programa electoral, PSOE dice que debe haber una regulación estricta de la RSC y que se debe contar con información estandarizada y verificada.
2. El Estado como actor económico. Unanimidad en que las administraciones deben ejemplarizar en materia de responsabilidad social y consideran que la contratación pública es un mecanismo para ello. En este sentido igualmente todos coinciden que el guiarse sólo por precio a la hora de contratar productos y servicios no debe ser el único criterio y que es fundamental introducir cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones.
3. Políticas de incentivo y fomento de la RSC. Todos son partidarios que la administración pública establezca medidas de discriminación positiva a las empresas que quieran contratar con la Administración. Así IU y Podemos indican que debe hacerse con una visión global teniendo en cuenta la actuación de las empresas en todos los países en los que opera. PP considera que debe haber una incentivación horizontal que abarque un espectro amplio de ámbitos: educación, i+d, consumo responsable, cooperación al desarrollo. Para UPyD es fundamental la seguridad jurídica en la administración para que las empresas compitan entre ellas para cumplir con los pliegos de condiciones en la contratación. Para PSOE es importante que no se conviertan en barreras para la PYME porque les puede ser más difícil demostrar que cumplen con la RSC. Por último, Ciudadanos insiste en la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales y dejar de primar sólo el precio y no contratar con empresas que actúen en paraísos fiscales es una de las ideas iniciales dentro de su programa electoral.
4. Comportamiento de la empresa y el respeto a los derechos humanos. Se puso sobre la mesa, en la ronda con el público, la preocupación de que el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa no haya sido aprobado aún. En este sentido todos los representantes mostraron su desconocimiento sobre este asunto. Desde el público se recordó a los representantes de los partidos que el actual modelo productivo genera importantes impactos y externalidades sobre el medioambiente y los derechos humanos en países con legislaciones laxas o fragilidad institucional. Se les preguntó cómo van a favorecer el acceso a la justicia de victimas de terceros países y la aplicación de la diligencia debida por parte de las empresas en sus operaciones en el exterior, tal y como recomiendan las Naciones Unidas y la Comisión Europea. La representante del PP aseguró que desconocía la existencia del plan nacional de empresas y DDHH y por tanto no podía contestar a la pregunta sobre por qué el plan estaba parado en la oficina económica de presidencia desde hace 13 meses. Por su parte, el resto de partidos se comprometieron a desempolvar el plan. Menos concisos se mostraron a la hora de abordar los mecanismos de acceso a remedio por parte de víctimas de terceros países por vulneración de derechos cometidos por empresas.

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