Europa no se conforma con la información que muchas compañías están publicando en sus informes anuales. Bajo la nueva Directiva, las empresas no cotizadas, como las instituciones de crédito, compañías de seguros y otras empresas con más de 500 empleados deberán incluir en el informe de gestión una declaración con información relacionada a asuntos ambientales, asuntos sociales y de los empleados, el respeto de los derechos humanos, e información sobre anti-corrupción y asuntos de soborno. Según las estimaciones de Bruselas, se espera que 6.000 entidades se vean afectadas.

Europa ya contaba con una Directiva sobre este tema, la conocida como 2013/34/UE, donde se establecían “requisitos legales mínimos” para la responsabilidad social de las empresas, principalmente en cuanto a la información que las compañías tienen que poner a disposición del público y de las autoridades en la Unión Europea.

La nueva declaración no financiera deberá incluir una breve descripción del modelo de negocio de la empresa; las políticas en relación a estos asuntos, y los principales riesgos relacionados con los asuntos vinculados a las operaciones de la empresa.

La Directiva 2014/95 / UE aspira a mejorar la coherencia y comparabilidad de la información no financiera en toda la Unión. Los países tendrán dos años para poder adaptar la Directiva europea a sus legislaciones nacionales para que entre en vigor en toda la región en 2017.

La Directiva ha sido diseñada de una manera no-prescriptiva, y deja una gran flexibilidad para que las empresas den a conocer información relevante de la manera que consideren más útil. Las empresas pueden confiar en los marcos como el Pacto Mundial; los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos; la ISO 26000, el GRI u otros marcos internacionales reconocidos para presentar esta información. Las empresas también pueden considerar la Orientación de Debida Diligencia en Cadenas de Suministro Responsable y Minerales en Conflicto de la OCDE.

Con el fin de proporcionar orientación adicional y ayudar a las empresas a implementar estas disposiciones los colegisladores han encargado a la Comisión la elaboración de directrices no vinculantes sobre la metodología para la presentación de información no financiera.