¿Considera que es necesario generar una nueva visión sobre el concepto de "bien público" y repensar el rol de las instituciones en la sociedad?

Para mí lo interesante de los cuatro años que llevo yo en el GDFE fue encontrarme con que la misión del Grupo, desde hace 25 años, es la movilización de recursos del sector privado en pos del bien público. De algún modo me fui familiarizando con el concepto de bien público, que viene de la economía desde hace muchos años.

Pero me parece que hay una explicación muy sencilla que hacen los amigos de Avina, tanto Bernardo Toro como Carlos March, quienes explican por ejemplo que una plaza es un bien público no tanto porque es administrado por el Estado sino porque cualquier ciudadano, independientemente de su clase social, de sus ingresos, o de su procedencia puede acceder en la misma cantidad y calidad que cualquier otro. Esa es la idea de bien público.

Entonces pensar que las sociedades más desarrolladas son aquellas que ofrecen más y mejores bienes públicos da a pensar en el rol de las instituciones en la sociedad.

A nosotros nos han enseñado, los libros promueven ese aprendizaje, una mirada más encorsetada del rol del Estado, las empresas y la sociedad civil, en donde pareciera ser que el Estado garantiza derechos y es quien vela por lo público, las empresas pareciera ser que su misión es la de generar riqueza y dinamizar la economía, y la sociedad civil la que empuja las causas que ni el Estado ni el mercado resuelve.

En ese sentido la propuesta del GDFE, que viene también de una filosofía humanista, trata de conciliar esta brecha que hay entre la concepción de la persona humana y la persona jurídica.

Generalmente hay un consenso extendido de que las personas humanas nos realizamos no tanto cuando acaparamos, acumulamos, o pensamos en proyectos de personalísima felicidad, sino que el consenso del que hablábamos dice que las personas nos realizamos dándonos a nosotros mismos o poniendo nuestros dones al servicio de causas más amplias. Es decir, desde la generosidad, la entrega la predisposición.

Sin embargo tendemos a naturalizar acriticamente que personas jurídicas tiendan por fin último a la maximización del beneficio, por ejemplo creyendo que cuánto más puedan tener de manera eficiente y concentrada pareciera ser mejor.

Entonces, desde esta idea de la humanización de las instituciones tenemos la impresión de que cuanto más las empresas, Estado y sociedad civil podamos entender como fin último el bien público, independientemente de las responsabilidades primordiales o de las responsabilidades jurídicas que tienen unos y otros, tender al bien público como el encuentro de las instituciones es la mejor explicación de esta realización en el servicio, en la entrega.

Y si bien es legítimo el lucro del sector privado al brindar productos y servicios, hay que conciliar esta idea de que esos productos y servicios sean virtuosos para la comunidad en general o que contribuyan positivamente a la sociedad y no sólo el enriquecimiento de los accionistas. A mí me gusta repensar el rol de las instituciones en la sociedad como una innovación que no necesariamente te lleva a impulsar conceptos nuevos sino a volver sobre lo esencial.


¿Cómo se pueden repensar los Incentivos de Bien Público fuera de la lógica de la desconfianza?

En esta prédica más conceptual de bienes públicos, de desarrollo, de articulación, creemos que más allá de los modelos voluntaristas (que a veces pecan de ingenuidad), del encuentro de multiactoral, o de las mesas de diálogo entre diferentes instituciones de la sociedad, es necesario acelerar el encuentro entre lo público y lo privado con instrumentos innovadores.

Entonces para romper la dicotomía de la disociación que se produce en los territorios, en donde esta desconfianza del Estado respecto del sector privado, en los estados locales por ejemplo, o en las empresas respecto de lo público, creo que una solución puede ser acelerar el encuentro o reencontrarnos desde una mirada para volver a ser aliados en el desarrollo.

Los incentivos de bien público apuntan a ese lugar. Así como existen actividades que el poder político desarrolla para sostener ciertas economías regionales o sostener el empleo con distintos instrumentos públicos, como subsidios o incentivos fiscales, nosotros creemos que es hora también de reconocer a las empresas no sólo por su rol económico sino también por su rol social.

¿Qué quiero decir? Que si una empresa logra contribuir al desarrollo de la sociedad, esto es contribuir a acelerar las políticas públicas de desarrollo, el Estado debería crear las condiciones no sólo para que esa empresa siga produciendo y operando en este distrito sino para que le vaya bien, que sea exitosa, porque dentro de su de sus políticas está este impacto positivo en la sociedad.

Ahí creemos que el incentivo de bien público es un instrumento que debe acelerar el encuentro de lo público y lo privado, y además subir la vara e invitar, si no es por convicción al menos por conveniencia, a un rol del sector privado mucho más cercano a las políticas públicas que hacen a la inclusión, al desarrollo, al cuidado del ambiente, y sobre la solución de los problemas estructurales de una comunidad.

Para sintetizar, si logramos instalar agencias de desarrollo económico en una ciudad, consorcios de articulación público-privada, con mesas multiactorales, más allá de cómo elijamos el concepto para denominar este encuentro de las instituciones en una comunidad, una vez definidos los principales nortes del desarrollo entendemos que no hay manera de salir adelante en un territorio sino es actuando en conjunto y al mismo tiempo hacerlo en simultáneo.

Si comunitariamente como instituciones que operamos en una sociedad con responsabilidades y actuaciones diversas coincidimos en qué es lo que necesitamos para la prosperidad, se tienen que crear los instrumentos que se aceleren esos encuentros.


¿Cómo ve la articulación entre pares del sector privado? ¿Es más fácil o más difícil que articular entre distintos sectores?

Creo que venimos de un esquema donde prima la hipercompetitividad y, en ese sentido, si competimos en el mercado pareciera ser que competimos también en nuestros impactos sociales y ambientales. Porque competimos en reputación y nos vemos exclusivamente desde una lógica de mercado.

No obstante, tengo la impresión de que las demandas de la ciudadanía, y sobre todo la Agenda 2030 de Naciones Unidas, nos hace ver que si no articulamos, si no creamos alianzas para el desarrollo y no profundizamos estos instrumentos que obtienen o que promueven lo mejor de cada una de las instituciones en un territorio, no hay desarrollo posible, no hay solución. Y terminaríamos en un escenario que a veces no queremos ver, pero que nos lleva indefectiblemente al colapso de la vida humana en el planeta. La Agenda 2030 es muy clara en este sentido.

Yo creo que si bien cuesta, o hay ciertas asperezas que limar aún, cada vez se van generando más oportunidades colaborativas en los territorios, y en ese sentido uno de los instrumentos que el GDFE promueve desde hace algunos años es la implementación de consorcios de articulación en donde ya no sea una empresa con el gobierno municipal, sino grupos de empresas comprometidas por promover el desarrollo más genuino de ese territorio. Porque hay que entender la lógica de largo plazo que cuando progresa el entorno social en donde yo opero mejores condiciones de sostenibilidad voy a tener yo también.


¿Es la Fundación corporativa el mejor modelo de inversión social?

Es una gran pregunta y la verdad es que esa publicación del GDFE surge también de lo personal. Yo personalmente me preguntaba, dirigiendo un grupo de Fundaciones y empresas que está conformado hoy por 50% de Fundaciones y 50% de empresas, qué pasa en relación al brazo jurídico más idóneo para promover la mejor performance de la empresa de cara a la sociedad.

Y lo cierto es que me parece que son muy contundentes las posiciones en pos del modelo de creación de la Fundación como estructura jurídica independiente de la empresa, como así también la de incorporar los impactos sociales y ambientales al corazón del negocio. Lo voy a explicar para que no parezca que quiero quedar bien con ambos modelos.

Desde los años 90 hasta mediados de la primera década del 2000 fue momento de proliferación de las Fundaciones corporativas. Fue un momento donde la mayoría de las Fundaciones empresariales que conocemos hoy surgieron, por supuesto que hay algunas anteriores o más tradicionales, pero la verdad es que en ese periodo es el momento en la Argentina en donde más se desarrolló un modelo de la Fundación empresarial.

Después de ese periodo es cuando empieza a avanzar más profundamente la idea de responsabilidad social, de responsabilidad social empresaria, y esta idea de entender que la mejor manera de contribuir al desarrollo social de una organización es alineando a su core con ese enfoque ¿Entonces por qué voy a tener un brazo jurídico independiente a mi actividad principal si mi mayor capacidad de transformación es a partir del negocio?

Sin embargo, hay quienes dicen que si para una empresa es tan importante el cuidado social y ambiental, no hay forma más paradigmática o emblemática de demostrarlo que constituir un equipo profesional independiente para velar exclusivamente por esos impactos o para atender precisamente algunas cuestiones que van más allá de los impactos positivos que puede generar el negocio.  

En síntesis, está dividida la bibliografía. Pero lo que me parece interesante es que conocer los pros y los contras de constituir o no una Fundación es muy importante para tomar la decisión que mejor se corresponda con cada quien.

Así que no tengo yo una elección. Se puede tener o no una Fundación para profundizar ciertas líneas de actuación puntuales. Pero creo que sí o sí una empresa debe tener un enfoque de sustentabilidad holístico.


¿En qué consiste el posicionamiento político e institucional del GDFE y la UTDT para ser más eficaces a la hora de contribuir a una mejor educación?

Por varias investigaciones sabemos que alrededor del 70% de los presupuestos de inversión social privada se invierten en educación, ya sea en capacitación docente, en iniciativas de empleabilidad de jóvenes, en equipamiento de escuelas, en educación rural, en educación STEAM, o en incorporación de nuevas tecnologías a la formación en calidad educativa, etc. El sector privado viene sistemáticamente sosteniendo iniciativas para la mejora de la educación.

Al mismo tiempo, toda empresa o Fundación que trabaja en temas de educación tiene la expectativa de poder incidir en políticas públicas y poder contribuir a mejorar el sistema de la educación argentina. Eso es casi como un deseo natural o una misión de todos los que hacen inversión social privada en educación.

Sin embargo, sabemos al mismo tiempo que por más que logremos articular en cierta medida con el poder político, con las autoridades públicas, no hay forma de lograr incidencia en el sentido de mejorar la estructura de la política pública si no actuamos de manera conjunta.

Por eso, lo que nosotros hicimos es un posicionamiento político e institucional que dice “es hora de actuar juntos”. Hace un llamado a dejar de ejercer una vocación más bien individual para pasar a una acción colectiva, para que logremos mayor representatividad a la hora de interactuar con autoridades.

Si de lo que se trata es contribuir a mejorar la ecuación, la oferta, y el acceso educativo de la población, el sector privado tiene un rol muy importante que jugar. Pero ese rol no puede ejercerse de manera individual sino colectiva.

Ese sentido, el sector privado históricamente suele exigir a las autoridades públicas qué necesita de la educación. En los grandes foros empresariales argentinos suele estar el tema de educación y lo que hace el sector privado históricamente es exigirle al poder público qué necesita en términos de formación de sus futuros colaboradores o empleados. Sin embargo, nosotros creemos que además de señalar qué necesitamos podemos decir qué podemos dar y qué podemos dar de manera colectiva.

Ya son más de 100 organizaciones las que suscriben el posicionamiento político, cuya razón de ser más importante no está tanto en efectuar algún cambio específico sino en generar las condiciones para que empecemos a actuar de manera conjunta.


¿Considera que la “S” (social) de los conceptos ESG o RSE va a tener mayor preponderancia en los próximos tiempos debido a la crisis provocada por el COVID?

Yo creo en la mirada del desarrollo integral u holístico. No deberíamos pensar ningún tipo de abordaje en donde cuidemos el entorno natural sin velar por el cuidado de las personas y viceversa.

Es verdad que debido a la agudización de ciertos conflictos sociales o cuestiones que hacen a la desigualdad en el continente, que ha exacerbado su calidad de ser Latinoamérica el continente más desigual del mundo, la vertiente social debe ser cuidada especialmente.

Pero coincido sin por eso descuidar la importancia de velar por los ecosistemas y la biodiversidad. Porque una cosa va con la otra, ya que no hay mejor manera de entender el cuidado ambiental como la casa común y el lugar donde las personas pueden desarrollarse. Son dos caras de una misma moneda.

Ojalá que, en línea con los incentivos de bien público, cada vez hayan más políticas innovadoras capaces de integrar a personas en situación de vulnerabilidad. No sólo desde desde los brazos asistenciales del Estado sino también desde la inclusión a través del trabajo genuino. Y, en ese sentido, toda la innovación social debe ser puesta al servicio de la promoción humana integral.