El proyecto de ley tiene un doble objetivo. Por un lado, aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción.

Por otro, ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y los puntos de vista que aplican a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

Con la divulgación de esta información no financiera o relacionada con la RSC se intenta contribuir a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.

Las compañías que se verán afectadas por estos cambios normativos serán grandes corporaciones con consideración de entidades de interés público, que tengan durante el ejercicio un número de trabajadores superior a 500 y que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, al menos dos de estas tres circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Esta información no financiera deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio.

Fuente: DIRSE