El proyecto de Acta europea de la accesibilidad establece criterios para hacer más accesibles una serie de productos y servicios. La lista incluye:

• cajeros automáticos,
• máquinas expendedoras de billetes y de facturación,
• ordenadores y sistemas operativos,
• teléfonos y televisores,
• servicios bancarios,
• libros electrónicos,
• comercio electrónico,
• transporte, incluido los servicios urbanos, como metro, ferrocarril, travía, trolebús y autobús.

Los eurodiputados incorporaron también terminales de pago, dispositivos para libros electrónicos, páginas web y servicios audiovisuales para dispositivos móviles.

El texto enumerará los productos y servicios que deben hacerse accesibles, pero no impondrá soluciones técnicas detalladas, para permitir que se planteen opciones innovadoras.

Las normas se aplicarán al denominado “entorno construido” donde se presta un servicio, incluida la infraestructura de transporte, para las nuevas construcciones o en caso de obras de renovación sustanciales, para maximizar su uso por parte de personas con discapacidad, explica el Parlamento.

El texto enmendado salió adelante con 537 votos favorables, 12 en contra y 89 abstenciones. Tras recibir el respaldo del pleno, los negociadores del Parlamento podrán iniciar negociaciones con el Consejo, una vez que éste fije su posición.

En la UE viven alrededor de 80 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Dado el ritmo de envejecimiento de la población, se calcula que en 2020 alrededor de 120 millones de europeos padecerán discapacidades múltiples y/o menores. “Es fundamental que la directiva incluya a las personas con discapacidad pero también a aquellas con limitaciones funcionales temporales o permanentes”, como es el caso de las personas ancianas, embarazadas y aquellos que viajan con equipaje, señala la Cámara.

Las empresas más pequeñas, excluidas

Las microempresas (aquellas que emplean a menos de diez personas y cuya facturación o su balance anual total no rebasa 2 millones de euros) estarán exentas.

El proyecto también incluye salvaguardas para garantizar que las exigencias no generan una “carga desproporcionada” a los operadores, pero los eurodiputados advierten de que la falta de prioridad, de tiempo o de conocimientos no son razones legítimas para alegar que la carga es desproporcionada.