El experto sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y el relator especial sobre el derecho a la salud, Dainius Püras, advirtieron que ese tipo de anuncios puede arraigar a muy temprana edad hábitos no saludables.

“Ese tipo de mensajes comerciales tiene el potencial de moldear a largo plazo el comportamiento de consumo y financiero de los niños, y están creciendo en número y alcance”, alertaron en un comunicado conjunto.

Explicaron que esa publicidad condiciona a los niños a responder en etapas posteriores de su vida a estímulos comerciales a comprar productos innecesarios sin considerar las consecuencias financieras a largo plazo.

Además, afirmaron que muchos de esos anuncios fomentan el consumo de alimentos no saludables con alto contenido de azúcar y poco valor nutricional que tienen consecuencias graves para la salud y pueden persistir en la edad adulta.

Los expertos señalaron que la regulación de esa publicidad podría mejorar considerablemente la salud y reducir la carga de los gastos sanitarios.

Añadieron que pese al aumento de la desigualdad, el consumo excesivo continúa creciendo y en muchos países, la deuda privada de las familias se ha convertido en un grave problema, haciendo imposible que necesidades básicas de ciertos individuos puedan ser solventadas.

Indicaron que ese patrón tiene implicaciones más amplias puesto que la deuda doméstica excesiva puede fácilmente derivar en una crisis de la deuda pública que afecte a la población en su conjunto.

Los relatores llamaron a reflexionar sobre las dimensiones psicológicas de la deuda y el consumo excesivo relacionados con el deseo de mantener el mismo nivel de vida del que disfrutan otras personas.

También exhortaron a los Estados a prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de los fabricantes de alcohol, tabaco y alimentos no saludables en las escuelas y eventos deportivos infantiles.

“En un sentido más amplio, instamos a los Estados a regular los anuncios comerciales dirigidos a los niños, de conformidad con el deber de los Estados de proteger a los niños frente a materiales perjudiciales para su bienestar”, concluyeron los expertos.