Un informe, presentado por ese grupo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, afirma que el país sudamericano cuenta con la legislación e instituciones sólidas para proteger a los trabajadores de violaciones de las garantías básicas.

Asimismo, urge a las autoridades brasileñas a hacer uso de esos avances para defender mejor esos derechos en la práctica.

Los expertos afirmaron que la participación de la sociedad civil y los valientes defensores de los derechos humanos es igualmente esencial en este esfuerzo, y expresaron profunda preocupación por los riesgos que afrontan los activistas que levantan sus voces contra los abusos de las empresas. También manifestaron alarma por el alto número de asesinatos de esas personas.

Las sugerencias presentadas en el informe son resultado de una visita realizada por el Grupo a Brasil el pasado año.

En sus conversaciones, los expertos escucharon testimonios de comunidades que fueron afectadas por actividades de empresas, incluyendo la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte, los proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y la rotura de la presa de desechos tóxicos de minería en Fundão, en el estado de Minas Gerais.

El Grupo de Trabajo también hizo hincapié en la necesidad de que se adopten medidas para afrontar la influencia indebida que tienen las corporaciones en los procedimientos legislativos y en la promoción de políticas públicas, así como la presencia inadecuada de grupos de presión y la financiación de los partidos políticos.

Los expertos acogieron con satisfacción el compromiso expresado por el Gobierno de Brasil de poner en práctica los principios rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y lo alentaron a desarrollar un plan de acción nacional que aborde las deficiencias detectadas.