“Incentivos de Bien Público. Lineamientos conceptuales y pautas para la implementación”, es un trabajo realizado por el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) en alianza con el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMA). Su presentación oficial fue el marco que reunió a Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con la diputada Soledad Carrizo, vicepresidente de la UCR, Martín Llaryora, intendente de Córdoba (peronismo) y Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján de Cuyo (PRO, Mendoza).
 
Con la moderación de Mariano Vila, director Cono Sur de Llorente y Cuenca, Tolosa Paz remarcó que la agenda 2030 no puede llevarse a término solo desde del gobierno, sino “fundamentalmente junto a toda la sociedad que tiene vocación de llevar dignidad a la población”. La funcionaria del gobierno nacional –que reconoció a los Incentivos de Bien Público como una herramienta de valor– señaló que están realizando junto al GDFE y CIMA una selección de municipios para acompañar pilotos de implementación en diferentes territorios. Según Tolosa Paz es importante considerar asimismo el proyecto de capitales alternas como “una buena excusa para empezar a trabajar la territorialidad de la agenda 2030 y del Consejo Económico y Social”.

Los participantes coincidieron en que las ciudades constituyen el territorio ideal para generar este tipo de innovaciones. “Sin el territorio nos quedaríamos solo en el discurso “, señaló Javier García Moritán, director ejecutivo del GDFE, que mencionó la idea de poner en marcha esta agenda en 10 ciudades.

Una ley para más y mejor articulación

Durante el encuentro la diputada Soledad Carrizo anunció que ese mismo día con la firma de 22 diputados ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para enmarcar jurídicamente esta agenda en el largo plazo. Carrizo indicó además que la ley propone como autoridad de aplicación al Consejo de Políticas Sociales, presidido por Tolosa Paz, lo que fue leído como un gesto de acercamiento. El proyecto apunta a generar incentivos que unan a grandes empresas, pymes, emprendedores y organizaciones sociales con el Estado, responsable del cumplimiento de la Argentina con los ODS.  

El “Programa nacional de alianzas público-privadas para gobiernos locales” tiene por objetivo relevar este tipo de acciones en los territorios y brindar un contexto que acelere el encuentro de las instituciones para el desarrollo. Y las facultades que la ley le confiere al Consejo de Políticas Sociales son las de expedir un sello o certificación para la creación de Incentivos de Bien Público. “Sin duda el rol de los intendentes y equipos municipales es clave en este tipo de agendas, pero el Poder Legislativo puede aportar un marco jurídico que cree las condiciones para una política a largo plazo”, sumó la diputada.
 

La voz de los intendentes

Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján de Cuyo, Mendoza, compartió la experiencia del Consorcio de Articulación Público-Privada de su ciudad que diseñó una plataforma logística para el desarrollo socio-económico de Luján de Cuyo. Implementado junto al GDFE y la Red de Innovación Local (RIL), señaló Bragagnolo que su gobierno tiene en cuenta para toda actividad económica la visión y capacidades del sector privado. Asimismo, indicó: “Es fundamental tener claro primero qué necesitamos como Estado para hacer foco y después sentarnos a discutir visiones para el win win que necesita el crecimiento de la ciudad”.

Por su parte, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, también enfatizó en la capacidad del Estado para crear las condiciones para el desarrollo: “Hay que poner energía en acompañar procesos que hoy no están apalancados y hacerlos escalar” y compartió la iniciativa multiactoral que Córdoba acaba de presentar con un cluster de Economía Circular en el que reúne a empresas, cámaras, universidades y asociaciones civiles para promover una economía amigable con el ambiente e inclusiva socialmente.
 

Incentivos de Bien Público.... by ComunicarSe-Archivo