El proyecto se destaca por ser una colaboración inédita entre agencias de Naciones Unidas que se implementará en 9 países de América Latina y el Caribe por los próximos cuatro años, ¿cómo surgió la motivación de unir fuerzas a nivel regional?

Jaime Godoy: “Es la primera vez que tres agencias de Naciones Unidas concuerdan objetivos comunes y financiamiento común para trabajar coordinadamente en Derechos Humanos y Empresas. La articulación de agencias permite garantizar sostenibilidad en el tiempo y mejorar los impactos de los esfuerzos a nivel de toda América Latina. Las actividades del ACNUDH incluyen una combinación de actividades regionales y nacionales. Existen actividades específicas para cada país en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú”.

¿Cuáles son estos objetivos comunes y cómo involucran a gobiernos y sector privado?

Jaime Godoy: “Los objetivos comunes son tres. El primero es apoyar a los gobiernos en el desarrollo y/o implementación de Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos. El segundo objetivo es mejorar la comprensión y la capacidad de las partes interesadas (especialmente las empresas) para llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos. El tercer objetivo está conectado con el segundo y es facilitar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas y desarrollar iniciativas conjuntas que promuevan prácticas responsables.

Las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se centrarán en promover y apoyar la aplicación efectiva de los Principios Rectores sobre empresas y los derechos humanos, desde la perspectiva del  trabajo de los gobiernos con los Planes Nacionales de Acción”.

Nicolás Torres: “Compartimos el mismo objetivo que ACNUD y OCDE de promover los Derechos Humanos, pero desde la perspectiva laboral. La OIT enfocará su trabajo en los Principios y Derechos fundamentales en el trabajo, que son cuatro derechos en el ámbito del trabajo y que tienen que ver con eliminación del trabajo forzoso; del trabajo infantil; el reconocimiento de la libertad sindical y negociación colectiva; y la no discriminación laboral. Los Principios Rectores de empresas y DD.HH. incluyen estos derechos fundamentales del trabajo y reconocen, al igual que la doctrina moderna de derechos humanos, que todos son universales, interconectados e indivisibles. Nosotros trabajaremos con empleadores, trabajadores y gobierno para impulsar mejores prácticas corporativas en este sentido”.

¿Por qué el proyecto se llama Conducta Empresarial Responsable y no Proyecto Empresas y Derechos Humanos?

Jaime Godoy: “Fue una larga conversación que se tuvo entre las agencias para determinar que lo que primaba dentro del espíritu del proyecto era relevar la contribución del sector privado al desarrollo y goce de los derechos humanos. Queríamos que la agenda promueva una mirada constructiva y no una mirada sancionadora, por ende el énfasis tenía que estar dado en la conducta empresarial. Una conducta que involucre una mirada evaluadora de riesgos en el negocio a fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, el trabajo decente y el ambiente”.

Desde el nacimiento de los Principios Rectores en 2011, son pocos los países en América Latina que tienen Planes de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, ¿qué opina del avance de la región y cómo busca cerrar esta brecha el nuevo proyecto?

Jaime Godoy: “El asunto es que estos planes siguen siendo voluntarios. Solo los tratados internacionales son vinculantes y en eso la región tiene el record de ratificación de tratados a nivel global. Pero esto implica que el cumplimiento sea únicamente formal y falte avanzar en implementación a través de Planes de acción. Creo que esto va a cambiar y esperamos que el proyecto contribuya a ello. Una clave es el involucramiento de la Unión Europea con financiamiento para el proyecto en los nueve países. Su política exterior ahora incluye en sus nuevos acuerdos comerciales los criterios de Derechos Humanos, por ejemplo el acuerdo con Chile tendrá estas características. La alianza entre agencias de la ONU y los gobiernos permitirá que el expertise de estas agencias permee y coloquen el tema en la agenda política. Los gobiernos de America latina han tenido avances y retrocesos en materia de derechos humanos pero ahora hay una nueva herramienta para hacerlo sostenible”.

Se acaba de lanzar una plataforma de financiamiento, ¿en qué consistirá?

Nicolás Torres: “La plataforma es para financiar proyectos relacionados a Conducta Empresarial Responsable en Derechos Humanos y facilitar la colaboración entre iniciativas . El monto total de recursos que otorgará durante el proyecto CERALC es de 513.000 euros. Las subvenciones oscilarán entre un mínimo de 40.000 y un máximo de 90.000 euros y se espera una cantidad mínima de efectivo o cofinanciación en especie del 10% por parte de los solicitantes. El fondo financiará diversas actividades desde redes de aprendizaje, mesas redondas de empresas, capacitación, investigaciones y estudios , entre otros. que estén relacionados a promover una conducta empresarial responsable con los derechos humanos".

El 20 de abril es la fecha límite para presentar propuestas y a partir de agosto el inicio de los proyectos y actividades.
Postulaciones en la plataforma en línea rbclac-fund.org
Más información a: torresn@ilo.org