El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó en abril su informe anual “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35”, referente al ejercicio 2022.

La información relacionada con las prácticas de lobby es una de las grandes ausentes en los reportes de información corporativa. Solo 9 empresas proporcionan detalles sobre su actividad de lobby en el año 2022, y de ellas, apenas 3 mencionan marcos legislativos que han seguido. Además, ninguna empresa informa sobre las reuniones relevantes llevadas a cabo en el contexto de estas actividades.

España carece de regulación sobre las actividades de lobby  y en un contexto de resonantes casos de corrupción en los últimos tiempos  ha generado recomendaciones recurrentes por parte del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) de la UE para regular esta práctica. 

Las “puertas giratorias” entre sector público y privado no paran de girar en España.  Con hasta 21 consejeros en 14 empresas analizadas que han ocupado altos cargos políticos en el sector público en los últimos 10 años. Esta cifra aumenta si se incluyeran ex altos cargos cesados hace más de 10 años, así como otros perfiles como ex alcaldes de grandes poblaciones, consejeros autonómicos, diputados y altos cargos de partidos políticos. Solo 1 de las 35 empresas analizadas tiene una política específica para abordar la cuestión de las puertas giratorias.

El informe, revela que la calidad de la información no financiera proporcionada por las empresas del IBEX 35 en siete áreas clave (gobierno corporativo, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y clientes y consumidores) es deficiente, con un promedio de 45,40 puntos en una escala de 100. 

Según Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC “los resultados del estudio indican que la transparencia y rendición de cuentas en los aspectos sociales y medioambientales es deficiente”. Vázquez añade que “es crucial avanzar en la supervisión del cumplimiento de la Ley y mejorar la calidad y alcance de la verificación de la información no financiera. Además, las empresas deben prepararse para cumplir con las nuevas exigencias normativas como la Directiva de diligencia debida, que responsabiliza a las empresas por los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de actividad, así como la Directiva de información sobre sostenibilidad y la esperada Directiva sobre Greenwashing”.