Los estudios de caso discutidos en el estudio describen cómo dos compañías de aceite de palma violan derechos laborales pese a estar certificadas por RSPO. En ambos casos, los trabajadores se ven obligados a trabajar horas extras no pagadas para alcanzar una producción basada en objetivos poco realistas. Esto los obliga a llevar a sus hijos y esposas al trabajo para cumplir con los objetivos. Además se registran violaciones a la libertad sindical, ausencia de contratos, y servicios médicos inadecuados.

SOMO destaca que estas violaciones se registraron en empresas certificadas por la norma de RSPO lo que estaría indicando su poca efectividad y cumplimiento.

La organización es crítica sobre la aplicación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos en Indonesia y afirma que esto se dificulta aún más por cuestiones políticas e institucionales del país.

La falta de aplicación y ejecución de los Principios Recortes se ilustra mediante dos estudios de caso de empresas en la industria de aceite de palma, proveedoras de empresas multinacionales principalmente holandesas.
En los últimos años, muchas empresas holandesas que utilizan aceite de palma en sus productos se han sumado a la Mesa Redonda para la Palma Sostenible (RSPO), en un intento de hacer sus cadenas de suministro de aceite de palma más sostenible. Al adquirir el aceite de palma certificado por RSPO, las empresas holandesas, incluidos los supermercados y los productores de bienes de consumo, quieren garantizar que el aceite de palma que compran ha estado libre de violaciones de derechos laborales y degradación ambiental, entre otros criterios.

El informe de SOMO discute la posición y reputación internacional de la RSPO. Se proporcionaron informes de ONGs para demostrar que, al menos en forma incidental, la RSPO certifica el aceite de palma producido por empresas que violan los derechos humanos y ambientales que motivaron la creación de la RSPO.

En 2016, Amnistía Internacional hizo un llamado a la RSPO para mejorar los controles  en Indonesia donde encontró numerosos abusos a los DD.HH. en plantaciones de Wilmar. Presentó un informe llamado “El Gran Escándalo del Aceite de Palma” con evidencias al respecto. RSPO respondió a este informe con nuevos compromisos para controlar el proceso de certificación.

El estudio de SOMO presenta nuevas evidencias de las deficiencias de la certificación RSPO y concluye que esta certificación “no es garantía de una producción sostenible de palma”.

“Las empresas deberían, por lo tanto, no depender únicamente de esta certificación, sino que deberían emprender su propia evaluación de la cadena de suministro para asegurarse que sus socios comerciales no cometen violaciones a los derechos humanos y laborales”, concluye SOMO.