VOLANTA: EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Tras una visita de diez días al país, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas alertó sobre los efectos de actividades empresariales en el agua, la tierra, el ambiente, los pueblos indígenas y el trabajo. También pidió que la inversión social no sustituya la obligación de prevenir y reparar daños.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos pidió a Guatemala abordar con urgencia los impactos de ciertas actividades empresariales sobre los derechos humanos, tras concluir su primera visita oficial al país, realizada entre el 18 y el 28 de agosto de 2026. La misión estuvo encabezada por las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė y su informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2027. La visita figura en el registro oficial de procedimientos especiales de Naciones Unidas.
En sus observaciones preliminares, las expertas advirtieron que persisten impactos negativos vinculados con el agua y la tierra, el ambiente, la salud, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales. El diagnóstico alcanza especialmente a actividades extractivas, proyectos energéticos, agroindustria e infraestructura.
La misión se reunió con autoridades, empresas, asociaciones sectoriales, comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, personas trabajadoras y defensoras de derechos humanos.
Un problema que excede a la conducta de una empresa
El Grupo de Trabajo no identificó empresas concretas ni atribuyó responsabilidades individuales. Pero sí sostuvo que la situación exige un marco que no se limite a evaluar la conducta de cada compañía, sino que contemple la desigualdad estructural, los derechos territoriales, la debilidad institucional y la concentración del poder económico y político.
Entre sus preocupaciones figuran las brechas en la legislación y su aplicación, la falta de recursos de los organismos públicos y los problemas de independencia y eficacia del sistema judicial. Las expertas también remarcaron que la filantropía, la inversión social o la provisión de servicios no reemplazan la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.
El pronunciamiento vuelve a colocar en primer plano el debate por una ley de aguas. La misión señaló que más del 90% de las fuentes de agua del país presenta algún grado de contaminación y recomendó que la iniciativa legislativa en discusión incorpore salvaguardas de derechos humanos, acceso equitativo y evaluaciones de impacto para grandes operaciones.
Conflictos que ya estaban documentados
Las observaciones de la ONU coinciden con otros registros recientes. En su Informe Anual 2025, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH advirtió sobre el aumento de conflictos vinculados con megaproyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura.
La Relatoría recogió denuncias de criminalización, hostigamiento, amenazas y violencia contra personas defensoras de la tierra, el ambiente y el territorio. Según datos citados en el informe, en 2024 fueron asesinadas 29 personas defensoras de derechos humanos en Guatemala; al menos 20 de ellas defendían derechos indígenas, ambientales o territoriales.
Uno de los casos recientes se ubica en la Sierra Santa Cruz, en Livingston, Izabal. En 2025, autoridades comunitarias y pobladores de 54 comunidades —en su mayoría q’eqchi’— expresaron su rechazo a proyectos mineros asociados a Río Nickel, filial de la canadiense Central America Nickel, por sus posibles efectos sobre el ambiente y las fuentes de agua.
En mayo de 2025, Central America Nickel respondió públicamente que el proyecto se encontraba únicamente en fase de exploración, sin actividades de extracción, construcción u operación; sostuvo además que contaba con derechos de exploración y aprobaciones ambientales válidas y que cumplía con la normativa nacional.
Meses después, autoridades ambientales guatemaltecas cancelaron diez licencias cuestionadas vinculadas a proyectos en Sierra Santa Cruz, seis gestionadas por Río Nickel y cuatro por Producciones del Atlántico. La evolución del caso refuerza uno de los puntos centrales de la agenda de debida diligencia: la necesidad de información verificable, diálogo efectivo, prevención de impactos y mecanismos de reparación confiables.
El sector privado, entre compromisos y una agenda pendiente
En las fuentes públicas revisadas no aparece, hasta el cierre de esta nota, una respuesta específica del sector privado organizado a las conclusiones de la misión de la ONU. Sí existen antecedentes: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) cuenta con una Política Institucional Empresarial de Derechos Humanos, presentada como marco para impulsar principios de sostenibilidad y respeto de derechos entre sus gremios.
Son señales de una conversación empresarial ya instalada. Sin embargo, el diagnóstico de Naciones Unidas plantea una prueba más exigente: que esos compromisos se traduzcan en prevención de impactos, consulta significativa, respeto a quienes defienden sus territorios y acceso real a remedios cuando se producen daños.
Para Guatemala, y también para el resto de América Latina, el desafío no es elegir entre actividad económica o derechos humanos. Es asegurar que la inversión no avance a costa de los derechos de las personas y las comunidades que habitan los territorios.