Las nuevas tecnologías de información y comunicación están teniendo un gran impacto en América Latina y el Caribe como catalizadores de la participación ciudadana, brindando nuevas e innovadoras herramientas para expresar quejas, realizar reclamos y requerir de parte de las autoridades soluciones adecuadas, tomando cartas en el asunto y escuchando la voz de los ciudadanos. El fenómeno del creciente número de herramientas tecnológicas puestas disposición de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición tiene características singulares que auguran un futuro promisorio, aunque siempre teniendo en cuenta los desafíos de desarrollo que nuestra región enfrenta.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO. Los ciudadanos se ven empoderados a través del uso de estas herramientas las cuales los convierten potenciales emprendedores cívicos que tienen la posibilidad a través de un click, un posteo y subiendo información de ponerse en contacto “en vivo y en directo” con sus pares de la sociedad civil y con sus autoridades públicas. Ya no sólo se participa en democracia a través del voto y otras consultas formales, sino que de manera extendida e intensiva las 24 horas del día. Protestas que empiezan en una sola queja aislada de un ciudadana para luego “viralizarse” a través de las redes sociales hasta adquirir formas de movilización ciudadana de envergadura inesperada (Primavera Árabe, marchas por corrupción o violencia de género en América Latina, etc.) son fenómenos cada vez más recurrentes a los que los gobiernos deben crecientemente prestarles atención. Especialmente las poblaciones más jóvenes - que representan a los usuarios más activos y numerosos de estas tecnologías - las consideran ya una parte integral de sus vidas y participar “digitalmente” es ya para ellos sinónimo de participación ciudadana.   

GOBERNANZA COLABORATIVA. Las aplicaciones, plataformas y otras herramientas digitales son crecientemente resultado de la colaboración o alianzas de distintos actores del sector público, el privado y la sociedad civil. Los ciudadanos tienen a su disposición distintos vehículos para comunicar sus quejas que han sido diseñados por actores de aquellos tres sectores y muchos de ellos son resultado de colaboración coordinada y abierta de todos ellos. Cotidianamente vemos como empresas de redes sociales como Facebook o Twitter y sus distintas aplicaciones son utilizadas activamente por los ciudadanos y gobiernos como canales de comunicación; grupos de expertos de la sociedad en civil en conjunto con emprendedores tecnológicos y start-ups desarrollan novedosas “apps”, plataformas y software para solucionar problemas puntuales de corrupción, medioambiente o transporte que facilitan la vida de los ciudadanos y les exigen a los gobiernos rendición de cuentas; etc. Este tipo de gobernanza colaborativa y abierta es promovida explícitamente desde la Agenda 2030 / Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU donde se pone el énfasis en el rol complementario clave que la sociedad civil y el sector privado, en particular, pueden aportar a la hora de alcanzar metas de desarrollo sustentable, aportando sus recursos materiales y humanos y su capacidad de innovación tecnológica a la hora de resolver perennes problemas de desarrollo.

PARTICIPACIÓN CON IMPACTO. Un tema de crucial importancia en todos los debates en torno a la participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías es si la primera realmente lograr tener un impacto real en las políticas públicas, creando canales de diálogo genuino entre los ciudadanos y sus respectivos gobiernos. ¿Son las preocupaciones de los ciudadanos escuchadas por sus gobernantes, recepcionadas por los canales correspondientes y luego les son ofrecidas respuestas y soluciones concretas a esos problemas? Muchas veces los ciudadanos se quejan pero nadie los escucha. O los gobernantes se comunican con sus ciudadanos a través de múltiples plataformas pero esto es sólo un ejercicio unidireccional, sin capacidad ni interés de crear un diálogo o “ida y vuelta” productivo que abra el debate y la consecuente posibilidad de tomar decisiones de políticas públicas que modifiquen el estado de cosas. En este sentido, la “app” Yo Intervengo desarrollada desde la sociedad civil en Colombia para transparentar deficiencias o problemas en obras públicas es extremadamente interesante: permite a los ciudadanos subir quejas a través de fotos u otros documentos sobre problemas de realización de obras públicas, que luego son contrastadas con contratos públicos que el mismo gobierno pone a disposición a través de su plataforma online de contrataciones públicas. La “app” permite organizar la información disponible para que la gente pueda encontrar los contratos y relacionarlos con las obras públicas que han sido denunciadas como incompletas, postergadas, no realizadas, etc. Luego ciudadanos o periodistas pueden investigar y denunciar estos casos ante la opinión pública o ante la justicia (los medios de comunicación y líderes de opinión pueden jugar aquí un importante rol de catalizadores de la participación ciudadana, elevando y escalando la voz de los ciudadanos de una manera que sólo puede ser llevada a cabo por ellos). Este es entonces un buen ejemplo de herramienta que permite unir el reclamo ciudadano con lo que el gobierno comunicar desde sus portales, permitiendo contrastar lo “dicho” y “lo hecho” y cambiar el estado de cosas.

ACORTANDO LA(S) BRECHA(S). América Latina y el Caribe es una región con profundas desigualdades sociales y económicas. Las herramientas tecnológicas de participación ciudadanas deben diseñarse de manera tal de impactar positivamente en el acortamiento de estas brechas sociales, evitando aumentarlas al limitar su uso o accesibilidad a grupos que ya cuentan con el capital social y educativo suficiente para sacarles provecho. En este sentido, el diseño de las herramientas debe prestar especial atención a los grupos menos privilegiados como mujeres, adultos mayores, comunidades rurales o indígenas, etc., permitiéndoles acceder a ellas y que les sean útiles y relevantes para la solución de problemas específicos que ellos enfrentar. La brecha digital en sí misma es otro problema fundamental: sólo elevando los niveles de accesibilidad y conectividad a Internet - tanto en cantidad como en calidad - permitirá que el uso de estas herramientas tecnológicas se democraticen a todos los grupos de la sociedad. En América Latina, sólo la mitad de los ciudadanos están conectados a Internet. En este sentido, la conectividad y el acceso a Internet están empezando a ser percibidas como un derecho humano fundamental más, cuya carencia limita severamente las capacidades de formar parte de manera activa en la vida pública.

Gabriel Cecchini
Director, Latin America
Transparent Markets

(*) Estas ideas surgen a partir de mi participación en #BIDHangout, un webinario realizado en  mayo de este año por la iniciativa Demand Solutions del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID). El hangout contó con la moderación del periodista Enrique Acevedo (Univisión) y la participación como expositores de Francesco de Simone (BID) y Gabriel Cecchini. La grabación del hangout puede verse en el siguiente video: