Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas 169 metas fueron aprobadas el pasado mes de septiembre por las Naciones Unidas y vinieron a reemplazar a los Objetivos del Milenio proponiendo una más comprehensiva lista de temas y problemas urgentes a abordar durante los próximos 15 años. La entrada en vigor de esta Agenda 2030 será el 1 de enero del año próximo por parte de 193 países adherentes. El espectro de temas es amplio y diverso: desde la prioridad siempre vigente del combate a la pobreza y la desigualdad, pasando por los desafíos clave del cambio climático y de salud hasta la protección de los derechos humanos y de igualdad de oportunidades. Estos flamantes ODS están estructurados alrededor de 3 dimensiones principales: la económica, la social y la medioambiental, y son el resultado de dos años de consultas con distintos organismos estatales a nivel global, regional y local, y el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés que aportaron su input.

Dos aspectos sobresalen en particular con respecto a la visión que estos nuevos ODS plantean. Por un lado, el énfasis puesto en el rol crítico que el sector privado (tanto empresas pequeñas, medianas como multinacionales) puede jugar a la hora de la implementación de los Objetivos para que puedan traducirse en un impacto real en la vida de los ciudadanos y del planeta en general a través del aporte de recursos humanos, materiales, financieros y know-how para la resolución de problemas que demandan una gran capacidad de innovación tecnológica. En particular, el aporte de nuevas soluciones que los actores del sector privado puedan brindar a los desafíos que plantean los temas medioambientales y de lucha contra el cambio climático. Complementariamente, se hace hincapié en la necesidad de que este aporte del sector privado esté estratégicamente articulado dentro de colaboraciones entre distintos grupos de interés (“multi-stakeholders partnerships”) tal como lo estipula por su parte el Objetivo número 17. Por lo demás, se espera de parte de las empresas que actúen responsablemente con el debido respeto a estándares de derechos humanos, laborales, salud, y de sustentabilidad más generales y que lo comuniquen regularmente a través de sus herramientas de reporte.    

Por otro lado - y en lo que representa una novedad con respecto a los anteriores Objetivos del Milenio - se suma a los ODS uno exclusivo dedicado a temas de gobernabilidad y transparencia. El Objetivo número 16 afirma que el desarrollo sostenible de las naciones y sus ciudadanos no puede ser realizado sin el reconocimiento de la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que respeten los derechos humanos, el estado de derecho y el buen gobierno a todos los niveles a través de instituciones transparentes, efectivas y con rendición de cuentas. En particular, con respecto a temas de anti-corrupción, el Objetivo número 16 hace una referencia puntual en las metas 16.4 y 16.5 a reducir el tráfico de fondos financieros ilegales, la búsqueda y recuperación de bienes robados, el combate al crimen organizado y la lucha contra la corrupción y el soborno en todas sus formas. De manera complementaria, este Objetivo también alude al desarrollo deseable de instituciones más transparentes y al derecho ciudadano a una mayor participación y acceso a información públicas.

El énfasis en los problemas de gobernabilidad y transparencia dentro del Objetivo 16 sumado al llamado al sector privado para que juegue un rol complementario crítico junto a los Estados y otros organismos públicos y regionales en el desarrollo sostenible permite suponer que las empresas pueden entonces dentro de este marco aportar soluciones también a problemas de integridad, tanto a nivel individual, sectorial o a través de “multi-stakeholder partnerships”. La posibilidad de brindar innovación y transferencia tecnológicas para ayudar a la promoción del gobierno abierto y accesibilidad de datos mediante herramientas de software o la promoción de iniciativas de acción colectiva orientadas a mejorar estándares de integridad en sectores específicos o en colaboración con el estado en caso, por ejemplo, de procesos licitatorios, son algunas de las ideas que podrían pensarse en este sentido. La confluencia dentro de los Objetivos de estos dos aspectos puede dar lugar entonces a nuevos ámbitos de innovación que serían beneficiosos para todos los actores involucrados.