3M enfrenta en la actualidad decenas de miles de demandas en al menos cuatro continentes, principalmente por contaminación con PFAS, conocidos como «químicos eternos», a comunidades enteras, y por tapones auditivos defectuosos vendidos al ejército de Estados Unidos. El costo acumulado en acuerdos ya supera los 20.000 millones de dólares. La acción de la compañía cayó cerca de un 19% desde 2018.
3M, la compañía estadounidense conocida por productos como el Post-it, la cinta adhesiva y el Scotchgard, atraviesa la etapa más litigiosa de su historia de 124 años. En los últimos tres años acumuló decenas de miles de demandas y denuncias en al menos cuatro continentes, la mayoría vinculadas a dos frentes centrales: la contaminación con sustancias PFAS, conocidas como «químicos eternos» por no degradarse en el ambiente ni en el cuerpo humano, y los tapones auditivos defectuosos que la empresa vendió durante más de una década al ejército de Estados Unidos. El costo combinado en acuerdos ya supera los 20.000 millones de dólares, y distintos analistas coinciden en que el proceso legal de la compañía todavía está lejos de cerrarse.
El frente más costoso es, sin dudas, el de las PFAS en Estados Unidos. En 2023, 3M llegó a un acuerdo de entre 10.300 y 12.500 millones de dólares para compensar a proveedores públicos de agua que detectaron, o puedan detectar en el futuro, estas sustancias en sus sistemas. El acuerdo recibió aprobación judicial final en abril de 2024 y contempla pagos escalonados hasta 2036, aunque cubre únicamente la contaminación de agua potable: la compañía todavía enfrenta miles de demandas individuales por daños a la salud y más de una decena de demandas estatales por daños a recursos naturales. A escala local, el caso se repite con nombre y apellido: en Decatur, Alabama, 3M acordó pagar 98 millones de dólares a las autoridades tras años de litigio por la contaminación de su planta, vinculada por algunos residentes a un número inusual de casos de cáncer en la zona. Algo similar ocurre en Cordova, Illinois, donde la compañía llegó a un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental para remediar la contaminación de su planta local.
El caso belga tiene, además, un componente humano que lo distingue. Desde febrero de 2026 se desarrolla en Amberes un juicio en el que unos 1.400 residentes de la localidad de Zwijndrecht demandan a 3M por la contaminación con PFOS proveniente de su planta, uno de los focos más graves de Europa. Los análisis de sangre realizados a los vecinos confirmaron niveles de exposición muy elevados. «Es veneno que recibimos en nuestro jardín, en nuestra sangre, en nuestros cuerpos», declaró una de las demandantes durante el proceso. Los reclamos rondan los 30 millones de euros en total, unos 20.000 euros por persona, para cubrir necesidades de salud futuras y la pérdida de valor de las propiedades. 3M frenó la producción de PFAS en el sitio en 2024 y se comprometió a invertir 500 millones de euros en remediación, pero el caso belga ya tuvo una derivación institucional: la ONG ambiental ClientEarth denunció al propio Estado belga ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por conocer desde 2017 los niveles de contaminación sin haber actuado a tiempo.
La misma planta belga contaminó también el estuario del Westerschelde, del lado neerlandés de la frontera. El gobierno de los Países Bajos declaró en 2023 a 3M responsable de esa contaminación, y en diciembre de 2025 la compañía acordó compensar a empresas afectadas, entre ellas la Asociación Holandesa de Pescadores. Sin embargo, no reveló el monto del acuerdo y el propio ministerio neerlandés describió los pagos como un gesto de buena voluntad y no como una compensación formal, lo que deja abierta la puerta a nuevos reclamos.
Del otro lado del mundo, en mayo de 2026 el gobierno de Australia presentó una demanda por 2.000 millones de dólares contra 3M, alegando que la empresa ocultó los resultados de sus propias pruebas ambientales sobre los efectos nocivos de las espumas contra incendios con PFAS utilizadas en 28 bases de las Fuerzas de Defensa. 3M respondió que nunca fabricó PFAS en Australia y que dejó de vender esos productos hace dos décadas, mientras que el Ministerio de Defensa continuó usándolos por su cuenta durante casi veinte años más. La demanda se suma a un acuerdo colectivo previo, resuelto en 2023 por 132 millones de dólares.
El segundo gran frente legal de la compañía, ajeno a los PFAS, es el de los tapones auditivos Combat Arms, vendidos al ejército estadounidense entre 2003 y 2015. Cientos de miles de veteranos alegaron que un defecto de diseño hacía que el producto se aflojara sin que el usuario lo notara, dejando sus oídos desprotegidos durante entrenamientos y combate. El litigio, iniciado en 2018, llegó a acumular más de 391.000 demandas individuales en una corte federal de Florida, la mayor consolidación de casos de este tipo en la historia de Estados Unidos. En junio de 2023, un juez rechazó el intento de 3M de ampararse en la bancarrota del Capítulo 11 para limitar su responsabilidad, lo que obligó a la empresa a negociar. Dos meses después aceptó pagar 6.000 millones de dólares, entre efectivo y acciones, con desembolsos que se extienden hasta 2029.
El peso conjunto de todos estos litigios ya se refleja en el mercado. Según estimaciones de Bloomberg Intelligence, las batallas legales de 3M restan hasta 33.000 millones de dólares al valor bursátil de la compañía, cuyas acciones cayeron cerca de un 19 por ciento desde 2018. Los analistas advierten que los inversores todavía subestiman el costo potencial de los litigios pendientes, mientras la dirección de la empresa evita dar precisiones sobre su exposición legal futura.