A partir de un amparo colectivo presentado por una ONG la Justicia ordenó a la empresa Telefónica de Argentina brindar el servicio de telefonía básica en un barrio carenciado. La justicia verificó que la negativa de la empresa de instalar teléfonos porque se trataba de zonas peligrosas y que los vecinos destruían las instalaciones resultaba arbitraria y discriminatoria y violatoria de los derechos sociales de la comunidad.