El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, firmó el reglamento que establece la Consulta Indígena como una obligación del Estado para llegar a acuerdo en la adopción de medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos originarios. Apunta especialmente a los proyectos mineros.