En el tránsito desde la sostenibilidad hacia enfoques regenerativos, Panamá comienza a consolidar una arquitectura de iniciativas donde el turismo no solo reduce impactos, sino que contribuye activamente a restaurar ecosistemas, fortalecer culturas y redistribuir valor económico. Lejos de tratarse de casos aislados, el país muestra una convergencia entre proyectos territoriales, alianzas multiactor y políticas públicas que empiezan a configurar una estrategia en evolución.
Uno de los procesos más relevantes es la Alianza Panameña para el Turismo Comunitario (PACTO), que funciona como plataforma articuladora entre comunidades, sector privado, cooperación internacional y Estado. A través de pilotos en distintas regiones, PACTO impulsa el diseño de experiencias turísticas gestionadas localmente, con foco en gobernanza participativa, generación de ingresos y conservación ambiental. Su lógica se alinea con el enfoque regenerativo al integrar desarrollo económico con resiliencia climática y fortalecimiento comunitario.
En paralelo, el modelo se expande hacia ecosistemas costeros mediante PACTO Azul, que promueve turismo comunitario vinculado a áreas marinas protegidas. La iniciativa busca que la actividad turística genere incentivos económicos directos para la conservación de manglares, arrecifes y biodiversidad marina, incorporando a pescadores y comunidades costeras en la cadena de valor turística. Este esquema introduce un cambio relevante: la conservación deja de ser un costo y pasa a ser un activo económico.
A nivel territorial, el programa Empreturismo, desarrollado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apunta a fortalecer micro y pequeñas empresas turísticas en destinos como Bocas del Toro, Boquete y Pedasí. A través de capacitación, financiamiento y asistencia técnica, el programa busca mejorar la competitividad de emprendimientos locales, muchos de ellos vinculados a turismo de naturaleza y experiencias culturales. En clave regenerativa, este tipo de iniciativas resulta crítico para evitar la concentración del valor en grandes operadores y fomentar economías distribuidas.
Otro eje estructural es el desarrollo de infraestructura verde. El proyecto de “1.000 kilómetros de senderos”, impulsado por el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo de Panamá, propone integrar conservación, recreación y desarrollo local. La creación de redes de senderos en áreas protegidas y zonas rurales no solo diversifica la oferta turística, sino que también genera oportunidades económicas para comunidades cercanas, al tiempo que incentiva la protección de los ecosistemas.
En este ecosistema de iniciativas, el Proyecto Ecoturístico Klosay, liderado por la comunidad Ngäbe-Buglé, se suma como uno de varios ejemplos de turismo gestionado localmente. Su propuesta —basada en experiencias inmersivas en la selva, conocimiento ancestral y control comunitario de la actividad— refleja una tendencia más amplia en el país: la revalorización del territorio como espacio de producción cultural, ambiental y económica.
En la comarca indígena Guna Yala (San Blas), el turismo es gestionado directamente por las comunidades Guna bajo normas propias. Las islas, alojamientos y actividades están regulados por el Congreso General Guna, lo que garantiza que:
- Los ingresos queden en manos de las familias y comunidades locales
- Se limite la sobreexplotación turística (capacidad controlada)
- Se preserven prácticas culturales y estructuras de gobernanza tradicionales
Aunque no se presenta explícitamente como “regenerativo”, el modelo cumple varios de sus principios: control territorial, distribución directa del valor y conservación activa del ecosistema marino. Es, de hecho, uno de los casos más consolidados de turismo indígena autónomo en la región.
Marco normativo y rol del Estado
El avance de estos modelos encuentra respaldo en un entramado institucional que comienza a incorporar criterios de sostenibilidad de manera más sistemática. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ha impulsado el Estándar de Sostenibilidad Turística (EST), una herramienta que define parámetros en gestión ambiental, eficiencia de recursos, protección cultural e integración comunitaria. Aunque su adopción es voluntaria, el estándar funciona como referencia para elevar la calidad y orientar la oferta hacia prácticas responsables.
A esto se suma el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020–2025, que establece destinos prioritarios y promueve modelos de desarrollo territorial con participación local. El plan incorpora la creación de estructuras de gobernanza en los destinos, integrando actores públicos y privados en la toma de decisiones, un elemento clave para evitar dinámicas extractivas.
Desde el sector ambiental, el Ministerio de Ambiente ha reforzado la integración entre conservación y turismo, promoviendo proyectos que vinculan áreas protegidas con desarrollo económico local. Esta articulación interinstitucional resulta central para avanzar hacia modelos regenerativos, donde la política pública no solo regula, sino que también habilita y escala experiencias territoriales.
Una tendencia que interpela la demanda
El crecimiento de estas iniciativas se da en paralelo a una transformación en la demanda turística. Segmentos de viajeros —incluidos los argentinos— muestran mayor interés por experiencias auténticas, con impacto positivo y conexión con comunidades locales. Este cambio de preferencias abre oportunidades para destinos que logren ofrecer propuestas con sentido, más allá del atractivo paisajístico.
Panamá comienza así a posicionarse como un laboratorio regional donde el turismo regenerativo deja de ser una narrativa aspiracional para convertirse en práctica. El desafío, hacia adelante, será sostener la coherencia del modelo a medida que escala: preservar la centralidad de las comunidades, evitar la captura del valor por actores externos y garantizar que la conservación ambiental siga siendo el núcleo de la propuesta.
En ese equilibrio, el país no solo redefine su oferta turística, sino también el rol del turismo como herramienta de desarrollo.